El rescate de cinco ejemplares de perico cachetes amarillos en Zacatecas ha reavivado el debate sobre el endurecimiento de sanciones para delitos ambientales en México. Este operativo, llevado a cabo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Fiscalía General de la República, busca combatir el tráfico ilegal de vida silvestre.
Los pericos, considerados especie protegida, fueron asegurados en una intervención que se realizó tras semanas de labores de inteligencia y vigilancia, apoyadas por denuncias ciudadanas. Estos testimonios alertaron sobre la presunta comercialización ilegal de diversas especies protegidas.
El Partido Verde ha señalado casos como este como evidencia de la necesidad de fortalecer el marco legal en el país. Promovieron una reforma al Código Penal Federal para aumentar las penas relacionadas con delitos ambientales, incluyendo el tráfico ilegal de flora y fauna, la tala clandestina y la contaminación de cuerpos de agua.
La propuesta, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado noviembre, busca aumentar tanto las sanciones de prisión como las multas económicas para quienes obtengan beneficios a costa del medio ambiente. Además, contempla agravantes para delitos cometidos en áreas naturales protegidas o que afecten a especies en riesgo.
No obstante, la iniciativa permanece en proceso legislativo. El Senado realizó modificaciones a la minuta, devolviéndola a la Cámara de Diputados, donde aún está pendiente de dictaminación final, según un comunicado del Partido Verde.
