En Santo Domingo, seis organizaciones de izquierda condenaron al presidente Luis Abinader y lo calificaron como «campeón de los lacayos» por su presunta colaboración con un ataque de Estados Unidos contra Venezuela, y exigieron que se investigue su supuesta complicidad. Las agrupaciones plantearon que el tema tiene impacto directo en la República Dominicana y demandaron responsabilidades a las autoridades nacionales.
En un documento conjunto, el Partido Comunista del Trabajo, Fuerza de la Revolución, Partido Patria para Todos y Todas, Movimiento Popular Dominicano, Referente de la Izquierda Dominicana y el Movimiento Caamañista pidieron indagar la participación del gobierno en lo que describieron como «crímenes de guerra». Los grupos solicitaron mecanismos de esclarecimiento y sanciones si se confirma la colaboración.
Las organizaciones afirmaron que en los ataques, que denominaron «Luna de Lobo», fueron capturados el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, y que en las operaciones en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira murieron alrededor de 80 personas, entre civiles y militares. Señalaron que estos datos y atribuciones proceden del documento colectivo que presentaron las fuerzas de izquierda.
Indicaron además que el «genocidio» afectó de manera particular a 32 internacionalistas cubanos que, según los firmantes, participaron en la protección de Maduro y merecen un reconocimiento por su actuación. Estas afirmaciones fueron expuestas como parte del reclamo por el impacto humano de las operaciones.
Las organizaciones denunciaron que la ofensiva contó con el apoyo de 20 bases militares y cerca de 150 aeronaves, entre bombarderos, cazas y aviones de vigilancia, y atribuyeron a la República Dominicana la condición de «plataforma» para dos de esas bases. Afirmaron que esas instalaciones habrían sido empleadas en la acción y podrían volver a usarse en operaciones futuras contra otros países de la región.
Asimismo acusaron a Abinader y al Partido Revolucionario Moderno, en coordinación con dirigentes y fuerzas políticas dominicanas de administraciones anteriores, de haber justificado la entrega de una base y dos aeropuertos con el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Según las organizaciones, esa explicación fue una «mentira» y sostuvieron que, a su juicio, intereses económicos y estratégicos han motivado las decisiones de permitir el uso de instalaciones militares.
