La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el martes 29 de septiembre de 2026 el proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías Guerra sobre la impugnación presentada por Morena contra reformas a la ley electoral de Chihuahua. La propuesta plantea invalidar parte del llamado blindaje contra la delincuencia, aunque mantendría la posibilidad de anular elecciones cuando se demuestre la participación de grupos criminales.
El caso deriva de una reforma aprobada en junio por el Congreso de Chihuahua, cuyo objetivo fue evitar la intervención de la delincuencia en los procesos electorales. Entre sus disposiciones se incluyeron restricciones para negar el registro a candidaturas presuntamente vinculadas con el crimen organizado, anular comicios con participación criminal comprobada y sancionar a partidos políticos por conductas graves y reiteradas.
Diputados locales de Morena acudieron ante la SCJN al considerar que el Congreso estatal omitió incorporar una causal de nulidad por intervención extranjera. También argumentaron que las medidas contra candidatos y partidos podían vulnerar la presunción de inocencia, al permitir consecuencias electorales basadas en una presunción de vínculos con la delincuencia.
¿Qué partes de la reforma podrían quedar sin efecto?
La ministra ponente propone invalidar los artículos que niegan el registro a candidatos por la presunción de que mantienen vínculos con grupos delictivos. El argumento central es que una sanción de naturaleza punitiva debe estar precedida por un juicio individualizado, es decir, por un procedimiento en el que se analice de manera específica la responsabilidad de la persona involucrada.
El proyecto también plantea eliminar la infracción dirigida a los partidos políticos que sean beneficiarios de actos de violencia cometidos por grupos criminales durante un proceso electoral. Esta modificación impactaría las reglas de responsabilidad partidista previstas en la legislación local, pero no eliminaría todas las herramientas para invalidar una elección afectada por la delincuencia.
De aprobarse en sus términos, permanecería vigente la nulidad de elecciones cuando se acredite la participación de la delincuencia durante el proceso electoral, debido a que la ministra considera que esa hipótesis ya está regulada en el ámbito federal. Además, el Congreso de Chihuahua tendría que incorporar una causal específica relacionada con la injerencia extranjera.
- Punto clave / Qué ocurrió: Morena impugnó reformas electorales de Chihuahua ante la SCJN.
- Impacto o alcance: El proyecto modificaría reglas sobre candidaturas, partidos políticos y nulidad de elecciones.
- Qué sigue: El pleno de la SCJN resolverá el asunto el martes 29 de septiembre de 2026.
La reforma aún está sujeta a la decisión del pleno de la Suprema Corte. El resultado definirá qué medidas permanecerán en la legislación electoral de Chihuahua y qué ajustes deberá realizar el Congreso estatal, particularmente en materia de presunción de inocencia, participación criminal e intervención extranjera en los comicios.
