En Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada para garantizar la continuidad administrativa y la defensa nacional, tras lo que el tribunal describió como la captura del presidente por fuerzas militares estadounidenses que, según el TSJ, atacaron Caracas y otras zonas del país.
La presidenta de la Sala Constitucional informó que Rodríguez ejercerá en condición de encargada todas las atribuciones inherentes al cargo con el fin de asegurar la gestión del Estado mientras se clarifica la situación institucional.
El máximo tribunal exigió la notificación inmediata a la vicepresidenta, al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y al Parlamento, sin precisar plazos para la ceremonia de juramentación.
La decisión llega en un momento en que está prevista la instalación del nuevo periodo legislativo, dominado por el chavismo, donde deben juramentarse las autoridades del Poder Legislativo.
El TSJ justificó la medida ante lo que calificó de «secuestro» del mandatario por parte de fuerzas estadounidenses y describió la situación como excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución.
El tribunal agregó que la resolución busca garantizar la continuidad administrativa y la defensa de la nación, sin que ello signifique una decisión definitiva sobre la calificación jurídica de la falta presidencial ni sustituya las competencias de otros órganos para resolverlo en procedimientos posteriores.
La Constitución establece que las faltas temporales o absolutas del presidente son suplidas por el vicepresidente ejecutivo por un periodo inicial, prorrogable por el Parlamento; si la falta se prolonga más tiempo, el Legislativo debe calificar si existe falta absoluta.
Especialistas consultados señalan que el marco constitucional apoya la suplencia por la vicepresidencia ante la ausencia del titular, pero advierten que las circunstancias actuales no encajan plenamente en los escenarios previstos y que la legitimidad del Gobierno ha sido objeto de cuestionamientos tras las elecciones recientes.
Rodríguez activó el Consejo de Defensa de la Nación, que ella preside, y remitió al TSJ un decreto de estado de conmoción exterior para que declare su constitucionalidad y entre en vigor.
Entre las facultades atribuidas al Consejo están la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio y la toma, de forma inmediata y militar, de la infraestructura de servicios públicos y de la industria petrolera para garantizar su funcionamiento.
