El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha planteado la posibilidad de otorgar a los funcionarios de inmigración la autoridad para denegar la residencia permanente a aquellos solicitantes que consideren que podrían representar «una carga pública». Esta propuesta reactiva una de las políticas migratorias más controvertidas de su anterior mandato.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), agencia dependiente del Departamento de Seguridad Nacional, ha presentado una nueva normativa que deroga la regla de 2022 sobre la carga pública. Esta normativa permitía a las autoridades denegar el ingreso a EE.UU. o la concesión de la residencia permanente a extranjeros considerados como una carga económica para el país.
En su mandato anterior, Trump amplió esta regulación en 2019, excluyendo a inmigrantes que habían solicitado asistencia social, lo que afectó a numerosas familias indocumentadas y llevó a que muchas de ellas dejaran de recibir ayudas públicas para sus hijos estadounidenses. La administración del expresidente Joe Biden, a su vez, revirtió estos cambios y relajó las restricciones, pero el actual gobierno ha retomado la propuesta bajo el argumento de que los beneficios gubernamentales «no deben incentivar» la inmigración.
El texto presentado sostiene que las disposiciones actuales limitan a los funcionarios del DHS en su capacidad para determinar la inadmisibilidad por carga pública, en consonancia con la política nacional del Congreso. Sin embargo, la nueva propuesta no reactivará la normativa de Trump, lo que en la práctica podría otorgar mayor poder a los oficiales de USCIS para negar la residencia a solicitantes de escasos recursos.
La normativa no especifica qué programas serán considerados como carga pública, aunque se anticipa que se emitirán directrices adicionales en el futuro. Esta iniciativa ha suscitado críticas entre defensores de los inmigrantes, quienes la catalogan como «peligrosa», advirtiendo que podría afectar la salud y el bienestar económico de millones de personas en el país.
Expertos en el área han señalado que la medida podría generar confusión y disuadir a inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses de buscar atención médica y asistencia a la que tienen derecho. En este contexto, ha habido un llamado al Congreso, controlado por los republicanos, para rechazar la nueva propuesta, dado el historial de desafíos legales que han enfrentado regulaciones similares.
Además, la Casa Blanca ha implementado recientemente restricciones para denegar visados de inmigrante a personas con enfermedades crónicas, bajo la premisa de que estas podrían depender del sistema de salud pública.
Un análisis de la Kaiser Family Foundation ha revelado que los cambios de 2019 en la política de carga pública habrían causado una disminución en la cobertura de Medicaid y CHIP, afectando entre 2 millones y 4,7 millones de beneficiarios, incluidos hijos de indocumentados. Una encuesta reciente indica que la incertidumbre sobre las reglas de carga pública persiste entre los inmigrantes, y un porcentaje significativo ha evitado solicitar asistencia debido a temores relacionados con su estatus migratorio, a pesar de las medidas adoptadas por la administración Biden para mitigar estas preocupaciones.
