Para América Latina y el Caribe, el crecimiento proyectado por Naciones Unidas tiene implicaciones directas sobre el empleo, la inflación y las finanzas públicas de la región: la ONU prevé una expansión del producto de 2,3 % en 2026 y del 2,5 % en 2027, con una evolución heterogénea entre países.
El organismo elevó ligeramente su estimación para 2026 respecto al pronóstico anterior y mejoró la previsión para 2025, mientras que anticipa que el repunte de 2027 se apoyará en el consumo privado y una recuperación gradual de la inversión.
A corto plazo, las perspectivas se consideran en general resilientes por un consumo firme, mejores condiciones financieras y precios de materias primas relativamente estables, aunque existen riesgos a la baja vinculados a una desaceleración de los principales socios comerciales y a un posible endurecimiento de las condiciones financieras globales.
La ONU también advierte sobre la elevada incertidumbre derivada de nuevas medidas arancelarias y cambios en políticas migratorias de Estados Unidos, factores que pueden afectar el comercio y la inversión en la región.
En Brasil, la expansión económica se moderaría desde niveles más altos hasta alrededor del 2 % en 2026, entre otras razones por los efectos rezagados del endurecimiento monetario y por aranceles estadounidenses aplicados a algunas importaciones.
Aun así, el impacto global sobre la economía brasileña sería limitado debido a que Estados Unidos absorbe una parte relativamente pequeña de sus exportaciones, y una política fiscal moderadamente expansiva podría amortiguar la desaceleración.
México mostró cierta resiliencia frente a posturas macroeconómicas restrictivas y volatilidad arancelaria, y la ONU proyecta un avance del PIB que podría llegar al 1,3 % en 2026 si las políticas fiscal y monetaria se vuelven más favorables; entre los riesgos figura la posible reimposición de aranceles fuera del T-MEC.
Para Argentina, la previsión señala una moderación del crecimiento tras un fuerte rebote, atribuida a la estabilización macroeconómica alcanzada con consolidación fiscal, unificación cambiaria y una política monetaria restrictiva, aunque con un elevado costo social y una inflación que sigue siendo alta.
En el Caribe, sin incluir a Guyana, el crecimiento se prevé contenido por niveles elevados de deuda y alta vulnerabilidad climática, mientras que Guyana mantendrá un fuerte dinamismo ligado al auge petrolero.
Varios países —entre ellos Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y Paraguay— registrarían expansiones superiores al 3,5 % impulsadas por el consumo interno y la inversión.
La inflación regional continuaría desacelerándose pero a un ritmo más lento, con una proyección cercana al 4 %; dos tercios de los países redujeron la inflación, aunque la subyacente se mantiene elevada en economías como Brasil y Colombia.
El mercado laboral mostró estabilidad relativa: la tasa de desempleo descendió o se mantuvo baja en varios países, destacando niveles mínimos en Brasil, mientras que otros, como Ecuador y Perú, aún no han recuperado plenamente la participación laboral previa a la pandemia.
El informe subraya que el limitado margen de maniobra fiscal y monetaria restringe la capacidad de los gobiernos para impulsar el crecimiento; pese a una reducción de la deuda pública regional desde los niveles de 2020, los niveles siguen siendo elevados y los costes por intereses representan una carga significativa sobre el PIB.
