Ciudad de México, 10 de noviembre de 2022.- Organizaciones de defensa de derechos humanos, justicia y sociedad se posicionaron a favor de la jueza Karla María Macías Lovera -del juzgado noveno de distrito del Estado de Guanajuato- quien fue señalada en la conferencia mañanera porque otorgó una suspensión definitiva para frenar el traspaso de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
En una carta pública, defensores de derechos humanos, investigadores sociales, políticos, académicos, buscadores de personas desaparecidas y otros consideraron que debe existir separación de Poderes, es decir, que el Poder Ejecutivo no debe manifestarse sobre asuntos pendientes de resolución en el Poder Judicial, ya que hacerlo, implica un ataque a la independencia judicial y a los derechos de las personas.
Hicieron un llamado para que la Suprema Corte resuelva los recursos legales pendientes sobre la militarización del país, ya que de no hacerlo favorecen al ataque que reciben los jueces.
Pidieron que se conforme un sistema de protección de juezas y jueces, para que no sean criminalizados por su trabajo; además pidieron a la ciudadanía manifestarse en contra de este tipo de señalamientos, recordando que incidir en los fallos judiciales violentan la independencia judicial que garantiza los derechos de todas las personas frente a actos arbitrarios de autoridad.
La carta es firmada por Fundación para la Justicia (FJEDD), México Evalúa, Intersecta, Catalina Pérez Correa, Fundar, Maite Azuela, entre otras organizaciones, académicos e investigadores.
En un comunicado aparte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), reitero su respaldo a las juzgadoras y juzgadores de los 32 circuitos.
“Destacamos, que la función judicial federal cuenta con diversas instancias de revisión, para impugnar cualquier decisión jurisdiccional por las partes interesadas; insistimos, que nuestras resoluciones son públicas para efectos de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad”.
También, las y los juzgadores federales insistieron en que el Estado de Derecho en México se halla en el equilibrio de la división de poderes para garantizar una democracia donde las personas puedan ejercer sus derechos y libertades.
El acto reclamado:
Los comunicado se refieren a las declaraciones que hizo el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, en la conferencia mañanera.
El funcionario dijo la jueza se excedió en sus facultades, afectando a la seguridad pública y generando impunidad en el país.
Esta resolución, es a todas luces inconstitucional, ya que fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión. Sí lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública (…) tenemos confianza en que el tribunal colegiado revoque esta nueva suspensión decretada por esta jueza, pero si se considera que son parte de las acciones que generan impunidad en el país.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Consejo de la Judicatura Federal, porque su función, dijo, es “cuidar el buen comportamiento de jueces”.
