Hay políticos que construyen comunidad con resultados. Otros intentan construirla con rifas.
La publicación de Saúl Trejo Fuentes, donde ofrece rifar una pantalla de 85 pulgadas si su página llega a 8 mil seguidores antes del 17 de julio, no es un simple juego de redes sociales. Es una postal perfecta de cómo algunos servidores públicos han entendido la política moderna: no como servicio, sino como espectáculo; no como responsabilidad, sino como posicionamiento personal.
La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a una dinámica ciudadana o ante una estrategia para inflar imagen pública?
Porque una cosa es que un ciudadano común quiera crecer su página de Facebook con sorteos, regalos y llamadas a compartir. Otra muy distinta es que lo haga alguien con presencia pública, con cargo, con oficina, con símbolos de poder alrededor y con una imagen que no puede separarse tan fácilmente de su función pública.
Saúl Trejo no está pidiendo únicamente “seguir una página”. Está pidiendo compartir, invitar amigos y correr la voz. Es decir, convertir a sus seguidores en promotores digitales de su imagen. Y a cambio, pone sobre la mesa una pantalla de 85 pulgadas.
Ahí está el problema político.
No se trata solo de la pantalla. Se trata del mensaje. Se trata de una forma de hacer política donde la popularidad parece medirse por seguidores, no por resultados; donde la cercanía se disfraza de dinámica, pero en el fondo opera como una campaña de crecimiento personal.
La publicación dice que “cada nuevo seguidor cuenta”. Y sí, cuenta. Cuenta para el algoritmo. Cuenta para la visibilidad. Cuenta para el posicionamiento. Cuenta para construir una base digital que mañana puede convertirse en capital político.
Por eso el tema no debe tomarse a la ligera.
Cuando un servidor público utiliza incentivos para aumentar su audiencia, la línea entre comunicación personal y promoción personalizada se vuelve peligrosamente delgada. Más aún cuando aparece sentado en un espacio que proyecta autoridad, acompañado de elementos que refuerzan una imagen pública y no simplemente privada.
¿De dónde salió la pantalla? ¿Quién la pagó? ¿Es dinero propio? ¿Participa algún proveedor? ¿Hay recursos públicos involucrados? ¿La dinámica fue organizada desde una estructura personal, política o institucional? Son preguntas legítimas que cualquier ciudadano puede hacerse.
Y no, cuestionarlo no es atacar. Cuestionarlo es exigir claridad.
Porque en una democracia sana, los servidores públicos no pueden actuar como influencers sin rendir explicaciones. No pueden usar el cargo como escaparate, ni convertir la atención ciudadana en mercancía digital. Mucho menos pueden acostumbrarnos a que la política funcione como concurso de popularidad con premio incluido.
Hoy es una pantalla. Mañana puede ser una despensa. Pasado mañana puede ser cualquier otro incentivo. Y cuando la lógica de “sígueme y participa” entra al terreno de la política, la ciudadanía deja de ser comunidad y empieza a ser audiencia cautiva.
El problema de fondo es que muchos políticos ya no quieren convencer: quieren acumular seguidores. Ya no quieren rendir cuentas: quieren engagement. Ya no quieren construir confianza: quieren viralidad.
Y ahí es donde la rifa de Saúl Trejo se vuelve un símbolo.
Un símbolo de esa política que se vende como cercana, pero que en realidad busca posicionarse. Una política que usa palabras bonitas como “comunidad”, “reto” y “unión”, mientras el verdadero objetivo parece ser crecer una marca personal.
Si Saúl Trejo quiere que la gente lo siga, que lo gane con trabajo. Que lo gane con resultados. Que lo gane resolviendo problemas, caminando colonias, transparentando decisiones y demostrando que su función pública sirve para algo más que producir contenido.
Porque la confianza ciudadana no se sortea.
La cercanía no se compra con una pantalla.
Y la política, cuando se convierte en rifa, deja de ser servicio público y empieza a parecer campaña disfrazada.
