La Detención de Ernesto Ruffo: Un Caso Que Resalta Desigualdades en la Aplicación de la Justicia
La reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ha suscitado un intenso debate sobre la aplicabilidad de la ley en el contexto político actual. Jorge Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), ha exigido que se garantice un proceso transparente y justo, al tiempo que critica la falta de acción en casos similares que involucran a gobernadores de Morena, como Marina del Pilar y Rubén Rocha.
Romero enfatizó la importancia de que las autoridades actúen con un enfoque equitativo, recordando que la ley debe aplicarse de manera uniforme para todos los ciudadanos. En su declaración, señaló que el debido proceso y la presunción de inocencia son principios fundamentales que deben mantenerse, independientemente de la situación política. Así, reiteró que el PAN confía en que Ruffo aclarará estos señalamientos a través de los canales legales correspondientes.
A la par, el nuevo partido político Somos MX ha manifestado su apoyo a Ruffo, considerándolo un «preso político». Este posicionamiento se presenta como un intento de desviar la atención de los escándalos que aquejan a figuras de Morena. Desde esta perspectiva, la agrupación, liderada por Guadalupe Acosta Naranjo, considera la detención como un «atropello». Enfatiza que la Fiscalía, dirigida por Ernestina Godoy, debería investigar los hechos relacionados con el supuesto fraude fiscal y tráfico ilegal de combustible que implican a gobernadores en funciones.
Este escenario plantea preguntas relevantes sobre la coherencia en la aplicación de la justicia. Los contrastes entre la rapidez de estas acciones y la pasividad en otros casos sugieren la necesidad de un consenso partidista que impulse reformas legislativas auténticas y un enfoque más justificado en la diplomacia política y la gobernanza.
