La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, ha provocado un intenso debate sobre la posibilidad de justicia selectiva, una acusación rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante una conferencia en Quintana Roo, Sheinbaum argumentó que esta acción jurídica se basa en una larga investigación de más de un año, iniciada tras el aseguramiento de 32 ferrotanques en Coahuila.
La detención fue intensificada por la Fiscalía General de la República (FGR), bajo el liderazgo de Ernestina Godoy. La presidenta afirmó que la investigación está debidamente fundamentada y que las decisiones judiciales seguirán su curso si se demuestra la inocencia de Ruffo. «Es falso que haya un asunto político», declaró ante las críticas provenientes del Partido Acción Nacional (PAN) y de Somos México, el nuevo partido en el que participa Ruffo.
La controversia se intensificó tras las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, quien denunció que esta actuación representa un caso de «justicia selectiva». Sheinbaum recordó que Calderón ya había sido acusado en 2017 de tener vínculos con organizaciones delictivas, señalando un contexto previo en las relaciones de poder.
Por su parte, el líder panista Jorge Romero Herrera afirmó que la detención es un distractor para desviar la atención de las graves acusaciones que enfrenta la actual administración en Baja California. En respuesta, el partido Somos México, dirigido por el expanista Guadalupe Acosta Naranjo, calificó la detención como «una infamia» y la consideró arbitraria e ilegal.
A pesar de estas críticas, Sheinbaum sostuvo que existen pruebas suficientes para justificar la orden de aprehensión y aseguró que la fiscalía actuará de manera imparcial. Este episodio ilustra las complejas dinámicas de diplomacia política y las tensiones en el marco de los comicios y la reforma legislativa en México, evidenciando la necesidad de un consenso partidista en la búsqueda de la justicia.
