En Guanajuato, la máxima casa de estudios enfrenta una crisis estructural que golpea directamente el núcleo de su credibilidad: múltiples profesores han sido señalados por alumnas debido a conductas de acoso sexual y hostigamiento. Ante la gravedad de los testimonios, la institución ha optado por el repliegue y el silencio. Al negarse a proporcionar información oficial detallada, las autoridades universitarias terminan cobijando a los presuntos agresores bajo un discurso de “cero tolerancia” que, en la práctica, se reduce a una burda simulación.
El acoso, lejos de ser un hecho aislado, se extiende sobre el personal administrativo y docente de la Universidad de Guanajuato (UG).
Las aulas del hostigamiento: testimonios en la ENMS León
La impunidad encuentra su rostro más crítico en los planteles del Nivel Medio Superior. Diversos testimonios anónimos de exalumnas de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de León rompen el cerco del silencio y señalan directamente a docentes en funciones. Una de las afectadas relató cómo el profesor Víctor Santa Cruz Casas la increpó con el comentario: “qué bonitas piernas”. Al ser confrontado en ese mismo contexto, el docente intentó justificar su conducta apelando a una supuesta disposición de la exdirectora que restringía el uso de ropa descubierta a las mujeres, bajo el argumento de que “la mente del hombre es así, actúan por impulso y solo era un cumplido”. Con ello, Santa Cruz Casas no solo objetivó a la estudiante, sino que transfirió la responsabilidad a la víctima, normalizando la agresión.
Los señalamientos alcanzan también al profesor Juan Luis Lino Aguirre, a quien las alumnas acusan de exigir “trabajos extras” condicionados para aprobar su materia, una práctica sistemática que se convirtió en una herramienta de presión y hostigamiento. Asimismo, testimonios recabados apuntan a Edgar Guillermo Martínez Mata, señalado por mantener relaciones con estudiantes y quien, según los relatos de la comunidad escolar, llegó incluso a contraer matrimonio con una de sus alumnas de preparatoria.
El hostigamiento no se limitaba a los muros de la institución. Otra exalumna narró cómo el profesor Nicolás Hernández Cira la invitó a una cervecería para, una vez en ese espacio, proponerle sostener relaciones sexuales. El testimonio evidencia cómo la asimetría de poder en las aulas se traslada a los espacios públicos, exponiendo la vulnerabilidad de las jóvenes frente a la autoridad jerárquica de sus docentes.
Ecopaz 4.0: La herramienta que promete, pero no protege
Presentada con bombo y platillo en septiembre de 2025 como una herramienta pionera en México, la Plataforma Ecopaz 4.0 fue anunciada para garantizar la trazabilidad y la atención inmediata a las denuncias de violencia de género. Sin embargo, el mecanismo padece el mismo mal que otras dependencias estatales: las víctimas denuncian que se trata de un laberinto burocrático diseñado para el desgaste y la disuasión.
“Metes tu denuncia y nunca sabes qué pasa después”, relató una estudiante de la ENMS de León, bajo condición de anonimato.
Así, la promesa de transparencia institucional se convierte en un muro digital que oculta más de lo que revela, sepultando las quejas en el vacío informático.
Una lista negra en las sombras
Los testimonios internos apuntan a una lista extensa de catedráticos adscritos a las diferentes divisiones de la UG. La cantidad y el peso de los nombres señalados reflejan un patrón sistemático que, lejos de ser enfrentado con apertura y rendición de cuentas, permanece bajo la opacidad institucional. El silencio administrativo opera aquí como una complicidad fáctica.
De acuerdo con la solicitud de información registrada bajo el folio 110200300021226, se requirió a la Universidad de Guanajuato datos específicos sobre las denuncias de acoso y hostigamiento contra profesores de la División de Ciencias Económico Administrativas. El requerimiento señalaba directamente si los docentes habían recibido alguna sanción y en qué consistió. Entre los nombres mencionados figuran: Alejandro Tatsuo Moreno Okuno, Antonio Báez Morales, Bernabé Edgar Cruz González, Fernando García Barragán, Manuel de Jesús Gómez Saldívar, Andrés Espinal Jiménez, Cecilio Contreras Armenta, Omar Jair Purata Sifuentes, Felipe Moreno Yebra, Juan Manuel Rodríguez García, Johanan Zamilpa Paredes, José Rodrigo Salazar Garza Treviño, Luis Gerardo Rea Chávez, Porfirio Tamayo Contreras y Ricardo Valdez González. La amplitud de la lista revela un patrón sistemático que, lejos de ser esclarecido con transparencia, permanece bajo la opacidad institucional.
En el caso particular del doctor Felipe Moreno Yebra, la UG reconoció la existencia de dos reportes formales: los expedientes F-0226/25 y F-0234/25, ambos canalizados a la Dirección de Recursos Humanos. Aunque la información oficial señala que en ambos procesos se emitieron sanciones y fueron clasificados como “cerrados”, la institución omitió detallar en qué consistieron dichas medidas o el impacto real en la vida académica del profesor, reforzando la percepción de simulación.
La maquinaria de la opacidad institucional
El modus operandi no es nuevo en la entidad. Al igual que ocurre en la Secretaría de Salud de Guanajuato —donde 288 denuncias se diluyeron entre reubicaciones estratégicas y actas administrativas sin consecuencias reales—, en la UG las alumnas denuncian que los mecanismos internos son insuficientes, opacos y poco confiables.
De acuerdo con datos históricos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre 2016 y 2025 la Universidad de Guanajuato ha acumulado una numeralia alarmante que evidencia la escalada de la problemática:
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Año |
Procedimientos/Denuncias |
Contexto y Personal Involucrado |
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2016 |
11 casos |
Involucró a 3 profesores y un prefecto. |
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2017 |
7 casos |
4 de ellos contra personal académico. |
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2018 |
23 casos |
18 procedimientos dirigidos a docentes. |
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2019 |
43 casos |
30 correspondieron a profesores y uno a un exprofesor. |
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2020 |
Interrupción |
Registros suspendidos por el confinamiento de la pandemia. |
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2021 |
1 caso |
Documentado sin especificar el cargo del señalado. |
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2022 |
8 casos |
Uno de ellos contra personal académico. |
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2023 |
126 procedimientos |
74 por violencia de género (sin precisar cargos ni motivos). |
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2024 |
246 procedimientos |
El listado se duplicó; 166 por violencia de género. |
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2025 |
187 casos |
144 vinculados directamente a violencia de género. |
En total entre 2016 y 2025 se abrieron 477 expedientes vinculados directamente a violencia de género. El saldo de los últimos años es crítico: entre 2023 y 2025, la Universidad cerró 358 expedientes y mantiene 201 en proceso de atención, cifras que confirman la magnitud del problema. Para eludir la rendición de cuentas, la institución se escuda sistemáticamente en «protocolos» y cláusulas de «confidencialidad», una coartada legaloide que en la práctica protege más el prestigio de sus catedráticos que la integridad de sus estudiantes.
Desconfianza y desamparo: El impacto comunitario
Este encubrimiento institucional ha fracturado el tejido comunitario de la universidad, sembrando un clima de profunda desconfianza. Hoy en día, las estudiantes enfrentan un dilema: denunciar y exponerse a la revictimización y a las represalias académicas, o guardar silencio y normalizar la violencia para poder terminar sus carreras. La ausencia de sanciones ejemplares no solo refuerza la percepción de impunidad, sino que erosiona de manera irreversible la autoridad moral de la Universidad de Guanajuato.
La indolencia de las autoridades plantea una interrogante que ya resuena con fuerza no solo en los pasillos universitarios, sino en toda la sociedad guanajuatense: ¿Hasta cuándo la rectoría de la Universidad de Guanajuato seguirá simulando justicia, protegiendo a los agresores y condenando al desamparo a sus víctimas?
Más allá de las cifras y los expedientes, esta investigación nace de las voces de quienes durante años han guardado silencio. Varias estudiantes y exalumnas se acercaron a Contacto Noticias buscando algo que, aseguran, no encontraron en las instancias institucionales: ser escuchadas. El miedo a denunciar, a enfrentar represalias académicas o a ser revictimizadas las llevó a confiar en este medio para contar sus historias.
Contacto Noticias decidió acompañarlas desde el ejercicio periodístico, con la convicción de que visibilizar un problema es el primer paso para transformarlo. Nuestro compromiso no es sustituir a las autoridades ni emitir juicios anticipados, sino investigar, documentar y dar voz a quienes consideran que han sido ignoradas. Porque una sociedad democrática no puede construirse sobre el silencio, y el periodismo tiene la responsabilidad de abrir espacios para que las víctimas sean escuchadas.
Por Rosario Martínez De la Vega
muchas gracias por darle visibilidad a esta problemática, que se haga justicia por todos y cada unx de lxs estudiantes que sufrieron acoso.
Muchas gracias por hacer escuchar todo esto, yo llegue a levantar un reporte porque un ex novio me acosaba, y me dijeron que mientras no me agrediera físicamente, no podían hacer nada, es una pena que se vive a diario en la ug.
Y sin contar que hay profesores que te agarran de bajada, no hay apoyo institucional y aunque les compruebes que fue injusta la baja, se brincan sus lineamientos y todos hacen como si no ha pasado nada, no les interesa.
Por maestros así, que se sienten los mejores e intocables, sabiendo que son horrendos se empaña la honorabilidad de la institución, que lastima de verdad, se brincan su propio reglamento, pisoteando los derechos de l@s alumnos. Y los directivos tapando a esos maestros, deberían de correr a todos esas personas que no hacen más que empañar el nombre de lo que era tan honorable institución, deberían escuchar a los estudiantes, cuando se compruebe la falta, independientemente de la de manda deberían de darles baja, así como ellos dan a los alumnos, los dejan solos sin apoyo de ninguna índole, que lastima de verdad. Y se me pasaba se burlan de ellos cuando los van a dar de baja, cuando saben perfectamente que la falla fue de ellos como profesores, lo digo por la experiencia de mi hijo ahí, un alumno que cumplía con todas sus actividades y aun así el profesor lo agarro de bajada y no descanso hasta que lo dieron de baja, ya hasta se le hacía pesado ir a la clase de Química y nadie lo escuchó ahí dentro, que decepción de institución.
La Universidad de Guanajuato es la única universidad del país donde en los «tendederos de denuncia y visibilización de violencia institucional», han evidenciado con pruebas a dos profesoras del Departamento de Estudios Políticos, Ma. Aidé Hernandez García y Elizabeth Cobilt, ambas cada semestre acumulan denuncias fr abusos, vejaciones e insultos hacia estudiantes y profesores, y el director de la División, Leandro Astraín Bañuelos y Eduardo Pérez Alonso, las protegen. Existen videos en las redes, audios, mensajes de whatsapp en todos se demuestra la vileza de sus amenazas. La rectoría lo sabe, desde Luis Felipe Guerrero Agripino. ¿Y que han hecho? Nada, absolutamente nada. Solo las premian con viajes al extranjero y dinero para supuestos libros que no son mas que plagios sistemáticos. Deberían investigar a fondo cuanto dinero les ha dado la Universidad de Guanajuato a estas dos supuestas docentes que solo inflan su curriculo con recursos de la UGto.