Las autoridades iraníes restringieron el acceso al internet global, dejando a la población sin conexiones ni servicios procedentes del exterior y dificultando la comunicación cotidiana dentro del país. Esta limitación ha afectado el tránsito de información y la coordinación de ciudadanos en las zonas afectadas.
La plataforma NetBlocks informó que Irán enfrenta un apagón de internet a nivel nacional y describió una serie de medidas de censura digital que, según expertos, limitan el derecho a comunicarse en un momento crítico. Organizaciones que vigilan la conectividad señalaron que las métricas muestran una caída generalizada del tráfico hacia y desde el exterior.
Reportes locales y verificación en terreno indicaron que se cortó el acceso a páginas alojadas fuera del país y que las VPN, usadas para sortear bloqueos y acceder a aplicaciones como WhatsApp o Telegram, dejaron de funcionar. Ello dejó a muchos usuarios sin canales habituales para comunicarse y contrastar información.
El apagón coincide con protestas que comenzaron en la capital y se han extendido ya a más de un centenar de ciudades, inicialmente motivadas por la situación económica. Movimientos de comerciantes y sectores afectados por el desplome de la moneda y la alta inflación impulsaron las primeras movilizaciones.
En la zona norte de la capital, comercios y cafés permanecieron cerrados y las calles estuvieron poco concurridas, mientras aumentó la presencia de policía motorizada y unidades antidisturbios. Ante el vacío en la vía pública, muchas expresiones de protesta se trasladaron a balcones y ventanas, donde se corearon consignas contra el liderazgo y el sistema político.
El país atraviesa una profunda crisis económica, con una inflación anual muy elevada y fuertes subidas interanuales que han golpeado el poder adquisitivo, un contexto agravado por sanciones internacionales relacionadas con su programa nuclear. El gobierno ha anunciado ayudas económicas de alcance limitado que no han logrado frenar las movilizaciones ni las críticas populares.
Organizaciones de derechos humanos han informado de decenas de manifestantes fallecidos, incluidos menores, y de cientos de heridos durante las primeras jornadas de protestas. Las cifras y las restricciones a la información complican una verificación independiente más amplia de los hechos.
