La impunidad sigue siendo un tema preocupante en el contexto de las muertes de al menos seis mexicanos, quienes han sido asesinados por la Patrulla Fronteriza en incidentes ocurridos desde el territorio estadounidense. A pesar de que han transcurrido más de diez años desde estos hechos, no se ha registrado condena alguna contra los agentes involucrados, lo que ha dejado a las víctimas y sus familias en un estado de desamparo y sin acceso a justicia.
Uno de los casos emblemáticos es el de un adolescente de 16 años que fue baleado en 2012 desde el lado estadounidense del muro fronterizo en Nogales, Sonora. La familia del joven lleva más de una década demandando que el gobierno mexicano actúe de manera decidida ante la negativa de Estados Unidos de juzgar o extraditar al agente responsable del ataque.
Varias organizaciones de derechos humanos han llevado estos y otros casos ante instancias internacionales, alertando sobre un patrón de violencia y la falta de rendición de cuentas de las autoridades estadounidenses.
En la última década, se han documentado más de 350 muertes de migrantes a manos de agentes fronterizos, en un contexto donde el discurso antimigrante ha ganado notoriedad, especialmente durante la administración anterior en Estados Unidos, que intensificó un clima de hostilidad hacia estos grupos.


