Dirigentes partidistas desprecian la ética política

Juan Miguel Alcántara Soria
El pasado 14 de febrero -del amor y la amistad-, los coordinadores de diputados federales crearon un grupo de trabajo para revisar atribuciones del Tribunal Electoral federal y presentar iniciativa de reforma. Los de oposición a la 4t olvidaron compromiso de “moratoria constitucional”: no tocar la Constitución el resto de la legislatura, y en lo concreto, no tocar al INE ni al Tribunal. Coordinó al grupo un diputado de Morena, y lo integraron el guanajuatense Jorge Arturo Espadas, del PAN, y colegas del PRI, Verde, PT, y del PRD. Los de MC no participaron. El grupo actuó en lo oscurito. El 23 de marzo los coordinadores (Jorge Romero Herrera por el PAN) presentaron su iniciativa de reforma constitucional que sí toca al Tribunal Electoral y derechos ciudadanos. La Comisión de Puntos Constitucionales difundió dictamen, sin previo análisis externo, ni consultas a personas del Poder Judicial, ni a profesionales del derecho. Y propone aprobarla el 29 de marzo, pero la sesión fue suspendida, llegó la Semana Santa, y se pospuso para el 10 de abril. Vino entonces reacción de magistrados del Tribunal, y de ciudadanos que advirtieron de afectaciones a nuestras reglas democráticas.
El impresentable coordinador Jorge Romero (histriónico que recuerda a “clavillazo”, también le dicen el Führer) salió el 13 de abril, con los otros, a decir que su proyecto no restringe atribuciones del Tribunal. Romero apoyó intentos de los presidentes de Morena y del PRI para prolongar sus jefaturas más allá de lo establecido en sus estatutos partidistas, y sin control judicial en asuntos internos de sus partidos. Esto no es nuevo en Romero: en 2015 se alió con el presidente del PRI en el DF, Gutiérrez de la Torre, para ir contra el PRD. Se apañó la franquicia del PAN en la Ciudad de México, en 2012, y desde entonces controla el padrón interno con afiliaciones irregulares, lo cual fue reconocido por el Tribunal Electoral, en sentencia del 2014 (Exp. SUP-RAP-169/2013), al violar preceptos del Código Electoral –COFIPE-, de los Estatutos del PAN, de su Código de Ética, del Reglamento de Miembros, entre otros. De allá vienen sus fobias al Tribunal Electoral.
Diego Fernández de Cevallos emitió juicio demoledor sobre este proceder, diferenciando al PAN, de sus dirigentes, de inicio. Recordó que el artículo 41 constitucional define a los partidos políticos como “entidades de interés público”, no “cotos de poder” de sus dirigentes, como ahora se ufanan en lo nacional y local. Democracia y justicia electoral exigen a las autoridades que sus resoluciones sean conforme al Art. 14 constitucional, y por tanto, las sentencias sean conforme a la letra o a la interpretación jurídica, y a falta de éstas, se funden en los principios generales del derecho. Reclamó intento de que el Tribunal resuelva solo sobre la letra de las normas, hechas en el Congreso, según lo deletreen las cúpulas partidistas, con espacios de maniobra y de privilegios, y sin vigilancia ni control de árbitros electorales. Se vale corregir excesos a través de cambios oportunos y consultados; no por improvisación y descuidos. Y concluye: es una traición a la democracia, y a los cientos de miles de mexicanos que se han manifestado en las calles.
Si AMLO tiene su corcholata favorita, el gobernador de Guanajuato presume la suya, y se mueven acá, sin pudor, los “ángeles de Charly” (diablos insaciables) para amarrar candidaturas, con desprecio a esencias humanistas y democráticas del PAN. La acción política, desde el poder y frente al poder -de partidos, grupos o individuos-, está regida por la ética: por los requerimientos del bien común. Más en el ejercicio concreto de la autoridad, que debe regirse por el respeto a la dignidad de la persona humana en función de sus derechos fundamentales, y de las exigencias del bien común, superior a bienes particulares. Exige veracidad, justicia, sentido de responsabilidad social, prudencia, y hacer prevalecer normas éticas y jurídicas sobre ambiciones egoístas de individuos o grupos. Hoy esas ambiciones están incontenidas. Nos toca a ciudadanos, dentro y fuera de partidos, hacer prevalezca la ética, y evitar mal común.