La detención cerca de Kielce de un exfuncionario de adquisiciones de la OTAN ha movilizado a autoridades locales y refuerza la cooperación policial internacional en la región, ya que la operación se realizó en coordinación con agentes del FBI. El arresto tiene implicaciones directas para la seguridad y la integridad de contrataciones vinculadas a la Alianza Atlántica y a organismos extranjeros presentes en Polonia.
La Oficina Central de Investigación de la Policía (CBSP) informó que el detenido es Ralf Grywnow, ciudadano con doble nacionalidad polaca y alemana, arrestado tras recibir una solicitud de detención de Estados Unidos. Durante la operación se registraron inmuebles y locales vinculados al sospechoso y se incautaron equipos electrónicos.
Las autoridades señalaron que la acción contó con asistencia del Buró Federal de Investigaciones y del Servicio de Investigación Criminal del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Grywnow enfrenta cargos en una causa que investiga presuntos delitos de fraude y soborno relacionados con la ejecución de contratos para la OTAN y el gobierno estadounidense.
Un gran jurado en el Distrito de Columbia presentó cargos contra Grywnow y contra Bahadir Hatipoglu, ciudadano turco residente en Lituania, imputado como propietario de empresas que recibieron contratos de construcción con la OTAN y el Ejército de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, Hatipoglu habría ofrecido sobornos de diversas formas para obtener ventajas contractuales.
Las acusaciones describen pagos en efectivo, el pago de un encuentro en Dubái y asistencia para construir y amueblar una vivienda en Polonia como parte de los sobornos. A cambio, Grywnow habría proporcionado reseñas falsificadas que valoraban favorablemente a las empresas de Hatipoglu, trato preferencial en la supervisión de contratos y acceso a información confidencial sobre licitaciones.
Hatipoglu fue arrestado en Lituania y las autoridades de ese país y de Polonia colaboran con Estados Unidos para proceder a la extradición de ambos. Los cargos incluyen conspiración para cometer fraude electrónico y varios delitos de fraude electrónico, por los que podrían corresponder penas de hasta veinte años de prisión.
