La noticia sobre el magistrado localizado inconsciente en el centro de León ha reavivado una discusión que va mucho más allá de un hecho policiaco. Las autoridades deberán esclarecer qué ocurrió y deslindar responsabilidades, sin prejuzgar ni condenar a nadie antes de que concluyan las investigaciones.
Sin embargo, existe una pregunta que sí es válida desde el ámbito público: ¿qué nivel de conducta debe exigirse a quienes ocupan una magistratura?
Ser magistrado no es un empleo cualquiera. Quien interpreta la ley y decide sobre los derechos de los ciudadanos también carga con una responsabilidad ética permanente. La investidura judicial exige prudencia, mesura y una conducta que fortalezca la confianza de la sociedad en sus instituciones.
Este caso cobra mayor relevancia porque ocurre en el contexto de la reforma judicial, un proceso que prometía acercar la justicia a la ciudadanía y elevar la legitimidad de quienes integran el Poder Judicial. En lugar de fortalecer esa confianza, episodios como este terminan alimentando el escepticismo y la percepción de que el cambio de reglas no necesariamente garantiza un cambio en los perfiles.
También resulta inevitable recordar las críticas que acompañaron la elección judicial, particularmente las denuncias sobre la circulación de los llamados “acordeones”, mediante los cuales diversos grupos orientaron el voto de los ciudadanos. Aunque cada caso debe analizarse conforme a las resoluciones de las autoridades electorales, la sola percepción de que algunos cargos pudieron llegar impulsados más por estructuras políticas que por el mérito profesional sigue pesando sobre la credibilidad de la reforma.
La justicia no solo debe ser imparcial; también debe parecerlo. La confianza pública se construye con sentencias, pero también con el comportamiento de quienes las dictan.
Por ello, más allá de lo que determine la investigación sobre este caso, la discusión de fondo permanece: si la reforma judicial aspiraba a dignificar al Poder Judicial, entonces los nuevos juzgadores deben entender que su vida pública y su conducta ética estarán sujetas a un escrutinio mucho mayor que el de cualquier otro funcionario.
La legitimidad de la justicia no se decreta en una reforma constitucional ni se obtiene con una elección. Se gana todos los días con independencia, capacidad y un comportamiento que esté a la altura de la responsabilidad que implica impartir justicia.
Por Mario Cervantes
Co- Fundador Contacto Noticias
