En Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la protección constitucional que un juzgado federal había concedido al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión se adoptó por unanimidad con base en el proyecto presentado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, que anuló el amparo otorgado por un juzgado de Distrito de Tamaulipas.
La ministra explicó que su propuesta no prejuzga la culpabilidad del exmandatario, pero consideró que el juzgador que concedió el amparo realizó valoraciones que corresponden al juez encargado del proceso penal.
Batres señaló que para ordenar una aprehensión basta la existencia de datos que indiquen que se cometió un delito y la probabilidad de que la persona investigada participó en su comisión, estándar que, a su juicio, no fue respetado por el juzgador de primera instancia.
Aunque varios ministros expresaron reservas sobre las consideraciones del proyecto, votaron a favor de los puntos resolutivos que niegan el amparo. La ministra Yasmín Esquivel Mossa advirtió que, de otro modo, la Corte podría sustituir funciones propias de un juez de control constitucional.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz propuso incorporar en la sentencia final los argumentos de los demás ministros, y Batres indicó que reforzará su proyecto con las notas que le envíen sus compañeros.
El caso tiene su origen en una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera y en la solicitud de desafuero que la Fiscalía presentó ante la Cámara de Diputados, la cual fue aprobada por la mayoría. García Cabeza de Vaca interpuso una controversia constitucional contra esa decisión, y una resolución previa de la Corte favoreció al exgobernador, lo que paralizó el proceso de detención.
Una vez concluido su mandato, la Fiscalía volvió a solicitar la orden de aprehensión y un juez federal otorgó un amparo contra ella; esa protección fue revocada por la Suprema Corte en la resolución adoptada por el pleno.
