Integrantes de SOMOS señalaron presunto uso de recursos públicos con fines políticos. La denuncia retoma acusaciones de un exfuncionario que Juan Miguel Ramírez había rechazado.
CELAYA, GTO.— Integrantes de SOMOS presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato contra el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez y su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, por presuntos delitos electorales, hechos de corrupción y tráfico de influencias.
De acuerdo con la información difundida por los promoventes, Eduardo Trejo Solís, acompañado del asesor jurídico Francisco Pérez Ortega, presentó y ratificó el documento el miércoles 4 de noviembre.
Los denunciantes informaron que el asunto fue turnado a la Agencia Investigadora 07-MAP01 de Celaya, con el número de carpeta 130268/2026.
¿Qué señalan los denunciantes?
La agrupación sostiene que se habrían utilizado recursos públicos para promover políticamente al actual alcalde mediante la distribución de un folleto propagandístico.
El planteamiento también retoma las declaraciones de Gerardo Álvarez García, excoordinador de Delegados del Gobierno municipal, quien denunció públicamente presuntas presiones para entregar información personal de ciudadanos.
Son acusaciones que deberán contrastarse con las pruebas y diligencias correspondientes. La presentación de una denuncia no acredita por sí misma la comisión de un delito.
El conflicto comenzó tras la salida de un funcionario
Después de dejar el cargo, Álvarez García difundió un video en el que aseguró haber recibido solicitudes de padrones con nombres, teléfonos y domicilios.
Según su versión, se negó a proporcionar esos datos y posteriormente fue separado de sus funciones.
El alcalde ofreció una explicación distinta: justificó las bajas de personal por presuntas actividades proselitistas y rechazó los señalamientos del excoordinador.
Las versiones sobre el motivo de la separación forman parte del conflicto que antecedió a la denuncia presentada esta semana.
¿Qué había respondido Juan Miguel Ramírez?
Al ser cuestionado previamente sobre el supuesto uso de información ciudadana, Ramírez Sánchez negó que se estuvieran utilizando datos de beneficiarios de programas sociales para promoción política.
También vinculó las acusaciones con las diferencias surgidas por el proceso político y la salida del exfuncionario.
Esa postura corresponde a los señalamientos previos de Álvarez García; no debe confundirse con una respuesta específica a la denuncia del 4 de noviembre.
La información consultada no reporta una resolución judicial sobre las conductas denunciadas. La responsabilidad de las personas mencionadas deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia.
