La corrupción no siempre se esconde detrás de sofisticadas redes financieras. A veces opera de la manera más elemental: un funcionario utiliza el poder que le confiere el Estado para pedir dinero a cambio de decisiones, permisos o favores que nunca debieron estar a la venta.
Ese es el caso de Jorge Valencia Gallo, quien llegó a ocupar la Dirección de Servicios Jurídicos del Gobierno Municipal de Guanajuato durante la administración de Alejandro Navarro, pese a cargar ya con una sentencia por corrupción.
No se trataba de un simple rumor, de una acusación periodística o de una disputa política. Valencia Gallo fue condenado por el delito de cohecho después de que un juez considerara probado que, cuando se desempeñó como director de Transporte del Estado, solicitó y recibió 2 millones 100 mil pesos de una agrupación de taxistas.
El dinero fue entregado en cinco ocasiones. A cambio, permitió verbalmente la circulación de cinco taxis ejecutivos y tres taxis verdes que carecían de permisos y concesiones legales. Es decir, utilizó un cargo público para obtener un beneficio económico particular y convertir una facultad gubernamental en una mercancía.
Eso es precisamente lo que configura el cohecho: recibir o solicitar dinero indebido aprovechándose de una función pública. Según los antecedentes difundidos sobre el proceso, el Ministerio Público sostuvo que la conducta fue dolosa, que produjo una afectación directa al Gobierno del Estado y que el entonces funcionario utilizó su posición para obtener un lucro personal.
Por esos hechos recibió una sentencia de cuatro años y seis meses de prisión y una inhabilitación de diez años para desempeñar cargos públicos. La Tercera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia confirmó posteriormente esa condena. Aunque un amparo impidió temporalmente que se ejecutaran sus efectos, la existencia de la sentencia hacía, como mínimo, política y éticamente insostenible su incorporación a una responsabilidad jurídica municipal.
A pesar de ello, Alejandro Navarro lo nombró director de Servicios Jurídicos en julio de 2024, apenas unas semanas después de la sentencia de primera instancia. Posteriormente, la administración de Samantha Smith lo ratificó en el cargo. La decisión fue cuestionada incluso públicamente por el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien calificó el nombramiento como una mala decisión.
También debe revisarse la actuación de Ludovico Mata, sobre quien existen múltiples observaciones relacionadas con contrataciones, combustibles, mantenimiento vehicular y falta de procedimientos formales durante su responsabilidad administrativa. Esas observaciones merecen una investigación y automáticamente una sentencia penal, obligando a las autoridades fiscalizadoras y ministeriales a investigar hasta sus últimas consecuencias.
Ludovico debe ser protegido por el silencio. Si las auditorías , las investigaciones que ha publicado el portal Contacto Noticias y documentos oficiales acreditan irregularidades, debe explicar qué autorizó, qué firmó, qué supervisó y quiénes resultaron beneficiados.
El combate a la corrupción pierde toda credibilidad cuando se utiliza únicamente contra enemigos políticos y se detiene cuando los expedientes conducen hacia aliados, subordinados o miembros del mismo grupo.
Jorge Valencia ya fue condenado por cohecho. Ludovico Mata debe ser investigado y, si las pruebas acreditan responsabilidades administrativas o penales, deberá responder ante la justicia.
Porque el poder público no puede continuar funcionando como un club privado donde los funcionarios se protegen entre ellos, se reparten posiciones y confían en que el paso del tiempo borrará los expedientes.
Ese es el verdadero club de los bandidos: no solamente quienes presuntamente toman dinero público o cobran favores, sino también quienes los nombran, los ratifican, los protegen y guardan silencio mientras la corrupción ocurre frente a todos.
Don Rommel.
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