La política suele tener una memoria muy corta. O, mejor dicho, una memoria que funciona según la conveniencia del momento.
Quienes ayer exigían auditorías, hoy hablan de persecución. Quienes reclamaban transparencia, ahora cuestionan que se les revise. Quienes pedían abrir expedientes, hoy prefieren cerrar el debate.
Y eso, más que una contradicción, es un problema de congruencia.
Porque la transparencia no puede depender de quién ocupe el poder.
DE AUDITORA A VÍCTIMA
La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, decidió responder a los señalamientos relacionados con el caso de las empresas fachada calificándolos como parte de una persecución política.
Es una estrategia que suele utilizarse cuando la discusión deja de ser jurídica para convertirse en política.
Sin embargo, la memoria juega un papel importante.
No hace muchos años, siendo diputada federal, Alejandra Gutiérrez fue una de las voces que exigieron auditorías y revisiones al gobierno municipal encabezado por Bárbara Botello.
En aquel entonces, revisar el uso de los recursos públicos era una obligación institucional.
Hoy, cuando las observaciones alcanzan a su administración, la narrativa cambia.
La pregunta es sencilla:
¿La transparencia depende de quién sea auditado?
Si la respuesta es sí, entonces ya no hablamos de transparencia.
Hablamos de conveniencia.
EL MANUAL DE LA VICTIMIZACIÓN
La misma ruta tomó Allan León.
Luego de que un medio de comunicación publicara información relacionada con contratos obtenidos por la empresa de su esposa mientras él desempeñaba funciones públicas —hechos que dieron lugar a cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés—, la respuesta fue denunciar ataques mediáticos.
Pero cuando se ocupa un cargo público, la mejor defensa nunca será un video o una publicación en redes sociales.
La mejor defensa siempre será la transparencia.
Si no existe conflicto alguno, bastará con exhibir documentos, procedimientos y licitaciones.
La opinión pública no pide discursos.
Pide claridad.
EL CONGRESO: ENTRE AUDITORÍAS Y AJUSTES DE CUENTAS
La última sesión del periodo ordinario del Congreso del Estado terminó pareciendo más un ring político que un parlamento.
Movimiento Ciudadano propuso auditar al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y Morena y el ex verde Sergio Contreras, la administración municipal de Alejandra Gutiérrez.
El resultado dejó lecturas interesantes.
Se aprobó la auditoría al gobierno municipal de León.
La discusión evidenció una realidad incómoda.
En Guanajuato todos defienden las auditorías… hasta que les toca.
Las auditorías deben ser instrumentos técnicos, no herramientas de confrontación política.
Porque cuando se utilizan únicamente para golpear adversarios, terminan perdiendo credibilidad.
EL PAN ROMPE EL MITO DE LA DISCIPLINA CIEGA
Uno de los acontecimientos políticos más relevantes de la semana pasó casi inadvertido.
Primero fue el diputado Jesús Hernández, quien votó distinto a su bancada en el tema de la pensión para personas con discapacidad.
Muchos anticiparon sanciones e incluso hablaron de una eventual salida del PAN.
Pero ocurrió exactamente lo contrario.
Ahora fueron Erandi Bermúdez, Juan Carlos Romero Hicks y Jared González quienes respaldaron la auditoría al gobierno de Diego Sinhue.
Los hechos terminaron respaldando lo que el coordinador panista Jorge Espadas ha dicho:
En Acción Nacional cada diputado tiene libertad para votar conforme a su criterio.
En tiempos donde muchas bancadas funcionan bajo la lógica del “todos levantan la mano”, la pluralidad interna termina enviando un mensaje distinto.
Puede gustar o no.
Pero existe.
LA FERIA… ¿Y LOS NÚMEROS?
La polémica sobre la Feria Estatal de León está lejos de concluir.
El diputado federal Miguel Ángel Salim cuestionó el destino de 73 millones de pesos a partir de las cifras reportadas por el Patronato.
La respuesta del presidente del Patronato, Héctor Rodríguez, buscó aclarar el origen de los casi 6.9 millones de ingresos registrados.
Explicó que solamente alrededor del 30 por ciento correspondió a boletos pagados y que el resto obedeció a distintos mecanismos de acceso gratuito, entre ellos menores de edad, personas acreditadas y otros esquemas de ingreso sin costo.
La explicación, sin embargo, deja abiertas nuevas preguntas.
¿Cómo se construyen realmente los indicadores de asistencia?
¿Qué relación existe entre visitantes, ingresos y costos de operación?
¿Cómo se mide el impacto económico real del evento?
No se trata de desacreditar a la Feria.
Se trata de recordar que administra recursos públicos.
Y donde hay recursos públicos, debe existir absoluta transparencia.
Si hoy las auditorías están de moda, la Feria no tendría por qué ser la excepción.
111 PROPUESTAS… Y EL SILENCIO
Mientras Morena mantiene una estrategia permanente de comunicación política, el Partido Acción Nacional presentó el documento “Soluciones para México”, integrado por 111 propuestas en distintos temas.
El problema no parece estar en las propuestas.
Está en que muy pocos ciudadanos saben que existen.
Acción Nacional continúa enfrentando uno de sus mayores desafíos comunicar y generar una narrativa que llegue con el electorado.
Y en política eso cuesta caro.
Las mejores ideas pierden valor cuando nadie las conoce.
VENEZUELA DEJA UNA ADVERTENCIA PARA MÉXICO
Los recientes sismos registrados en Venezuela volvieron a poner sobre la mesa la importancia de contar con infraestructura, protocolos y recursos suficientes para responder ante emergencias.
México conoce mejor que nadie las consecuencias de los desastres naturales.
Por eso conviene abrir nuevamente el debate sobre los mecanismos financieros para atender contingencias.
El antiguo fideicomiso del FONDEN fue eliminado y sustituido por un esquema presupuestario distinto. Más allá del modelo adoptado, lo importante es garantizar que el Estado cuente con recursos oportunos, reglas claras y capacidad de respuesta cuando ocurra una tragedia.
Los fenómenos naturales no distinguen partidos políticos.
Los gobiernos tampoco deberían improvisar cuando se trata de proteger a la población.
EL ÚLTIMO GOLPE
La congruencia no debería cambiar de color según quién ocupe el poder.
Porque las auditorías no pueden ser sinónimo de transparencia cuando las pedimos nosotros y convertirse en persecución cuando nos las practican.
La memoria política podrá ser selectiva.
La memoria de los ciudadanos, cada vez menos.
