En la Ciudad de México tomó relevancia el caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido en el penal del Altiplano, tras una orden judicial que obliga a la Fiscalía a entregar la investigación completa y una solicitud del mando a la presidenta para que revise su proceso.
En una carta manuscrita, difundida por su defensa, el militar pidió intervención presidencial y afirmó que su caso por huachicol fiscal es fabricado y motivado por un ánimo de venganza, por lo que solicita una revisión que permita hacer justicia.
Farías Laguna denunció irregularidades e ilegalidades imputadas a la Secretaría de Marina y a la Fiscalía General de la República, incluida la afirmación de que la investigación se basó en un supuesto video de YouTube que no existe y en técnicas de indagatoria con imprecisiones.
El vicealmirante señaló que la actuación de las autoridades ha afectado a su familia y que la Secretaría de Marina intentó darlo de baja antes de concluir el proceso, lo que, dijo, ha impedido una defensa adecuada tras más de tres décadas de servicio en la institución.
Una jueza de control ordenó a la Fiscalía entregar al procesado la carpeta de investigación completa, que según la defensa consta de veinte tomos, y fijó el procedimiento para que los abogados accedan a la documentación; la defensa, encabezada por Epigmenio Mendieta, sostiene que hasta ahora les habían entregado información incompleta y documentos con testaduras.
La Fiscalía atribuye al vicealmirante y a su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, la presunta dirección de una red de corrupción de marinos en aduanas que habría contrabandeado 31 buques con combustibles en Tamaulipas; el militar está sujeto a proceso por delincuencia organizada con fines de delitos en materia de hidrocarburos.
