Alemania, Dinamarca, Canadá, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido rechazaron este viernes 9 de octubre de 2026 las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI), al advertir que podrían afectar de manera significativa la operación del tribunal, a su personal y a sus familias. La declaración coincidió con el día en que el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI.
En un comunicado conjunto, los ocho países afirmaron que lamentan y desaprueban profundamente las medidas por considerar que la Corte desempeña una función central en la investigación y persecución de los crímenes internacionales más graves, además de respaldar a sus víctimas. Los gobiernos expresaron también su respaldo a las acciones adoptadas por el tribunal para prepararse ante iniciativas de este tipo.
La posición europea, de Canadá y Japón busca mantener la continuidad de la CPI con base en el Estatuto de Roma, tratado que establece su marco jurídico. Los firmantes señalaron que permanecen unidos en su apoyo al tribunal, aunque también se dijeron comprometidos con un diálogo constructivo e inclusivo con los países que no forman parte de ese instrumento, en referencia a Estados Unidos.
¿Qué implicaciones tienen las sanciones y qué puede ocurrir ahora?
La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció las sanciones pocas horas después de que se conociera el reconocimiento a Pillay. Hasta ahora, Estados Unidos ha impuesto medidas contra 17 personas vinculadas con la Corte y sostiene que las nuevas acciones buscan defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que, según su postura, representa la CPI.
Si las sanciones entran en vigor, el impacto directo señalado por los ocho gobiernos recaería en la capacidad de trabajo del tribunal, sus empleados y sus familias. La advertencia también tiene implicaciones para las investigaciones y procesos relacionados con crímenes de guerra, aunque el comunicado no detalló el alcance operativo ni la fecha de aplicación de las nuevas medidas.
Antes de conocer el anuncio estadounidense, Pillay denunció los ataques políticos contra las instituciones del derecho internacional. Advirtió que esas presiones podrían poner en riesgo los avances construidos desde los Juicios de Núremberg y propiciar un regreso a un escenario en el que la fuerza determine qué sufrimientos reciben atención y cuáles son ignorados.
- Punto clave / Qué ocurrió: Ocho países rechazaron las sanciones anunciadas por Estados Unidos contra la CPI.
- Impacto o alcance: Las medidas podrían afectar al tribunal, a su personal, a sus familias y a la atención de los crímenes internacionales más graves.
- Qué sigue: La situación dependerá de la entrada en vigor de las sanciones y de las medidas de preparación adoptadas por la Corte.
La CPI fue fundada en 2002 y cuenta con 125 países miembros, incluidos los de la Unión Europea y la OTAN, con excepción de Estados Unidos y Turquía. Israel tampoco forma parte del Estatuto de Roma y felicitó a Washington por su decisión. El tribunal mantiene ahora el respaldo público de los ocho gobiernos, mientras se espera conocer si las sanciones estadounidenses comenzarán a aplicarse.
