La iniciativa de la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) plantea que las instituciones de salud paguen un estímulo mensual a quienes cursan internado de pregrado o residencia médica, medida que afectaría a residentes y centros hospitalarios en Michoacán y en el resto del país.
La propuesta busca adicionar un párrafo al artículo 95 de la Ley General de Salud para establecer que todo residente reciba un pago mensual por parte del centro de salud al que esté asignado.
Se propone que dicho pago no sea inferior al salario mínimo mensual vigente y que su retribución sea regular, suficiente y proporcional al tiempo de residencia y a la carga horaria del programa formativo.
En la exposición de motivos se señala que, aunque la Ley General de Salud reconoce la residencia como modalidad de formación, no obliga a las instituciones públicas a garantizar apoyo económico durante ese periodo.
También se apunta que la Ley General en Materias de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación no incluye de manera explícita la residencia médica como campo prioritario protegido, y que las leyes secundarias no contemplan a los residentes como beneficiarios obligatorios de becas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y, según sus promotores, busca subsanar un vacío normativo que ha dejado a decenas de miles de médicos residentes en condiciones de precariedad e incertidumbre, pese a su participación en el funcionamiento cotidiano de hospitales y clínicas.
Se estima que más de 40 mil médicos realizan cada año residencia médica en el país en especialidades como medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía y ginecología, muchas veces en instituciones públicas mientras cursan estudios y realizan prácticas clínicas obligatorias.
La propuesta enfatiza que la residencia es una modalidad intensiva de formación práctica y presencial, con tareas en urgencias, quirófanos, visitas médicas y guardias de 24 o 36 horas continuas, además de labores administrativas, enseñanza clínica y participación en protocolos de investigación.
Los promotores sostienen que la reforma otorgaría certeza jurídica y regularidad a los apoyos, ayudaría a evitar la deserción por motivos económicos y contribuiría a dignificar la formación médica especializada, así como a fomentar la equidad territorial e intergeneracional en el acceso a las especialidades.
