Guanajuato, Gto. – El Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios en materia de servicio privado de transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicas.
Con estas reformas:
- Se agregan al glosario los conceptos de Código de Respuesta Rápida, Plataforma Tecnológica y Servicio de Transporte Privado.
- En las Atribuciones a la Unidad Administrativa, se añaden las correspondientes al registro y control de vehículos destinados al servicio de transporte privado y se ajustan las facultades a los inspectores de la Unidad Administrativa, para que les corresponda inspeccionar y vigilar la prestación del servicio de transporte privado.
- Se precisa el objeto del Servicio de Transporte Privado, para puntualizar que el traslado contratado es tanto de las personas, como de sus cosas.
- Se reitera el imperativo que indica que la oferta y prestación solo podrá realizarse a través de plataforma tecnológica.
- La unidad administrativa de transporte, para el control del servicio de transporte privado, expedirá un código de respuesta rápida que permitirá verificar si el vehículo se encuentra registrado, así como la plataforma a través de la cual presta el servicio.
- Se establece que el registro de vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte privado lo pueda realizar cualquier persona a quien el propietario entregue carta poder, debiendo presentar la solicitud también firmada por este último.
- Se fija que para el registro se deberá presentar una constancia de conducción segura, emitida por los centros autorizados por la unidad administrativa de transporte para el conductor.
- Se establecen los supuestos que darán lugar a la cancelación del registro.
- Se precisan las obligaciones que deberán cumplir los propietarios y conductores de los vehículos destinados al servicio de transporte privado.
Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la voz los diputados Bricio Balderas Álvarez y Gerardo Fernández González; así como las diputadas Dessire Ángel Rocha y Yulma Rocha Aguilar.
El diputado Bricio Balderas Álvarez precisó que la reforma planteada lo que atiende es, que la prestación del servicio sea eficaz y seguro para los usuarios del trasporte prestado mediante plataformas.
Afirmó que la iniciativa constituía un esfuerzo de cuidar a todos los actores del transporte, privilegiando la seguridad de los usuarios; colocamos al ciudadano usuario como eje de la actividad legislativa, indicó.
Balderas Álvarez destacó el proceso participativo de análisis de la propuesta en comento y manifestó que con las reformas se propone evolucionar del actual servicio de transporte ejecutivo a una modalidad denominada del servicio privado de transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicas.
“Gracias al interés y la participación que se tuvo, se pudieron sumar a esta iniciativa, las aportaciones para regular el servicios de transporte privado tanto como para los propietarios como para los usuarios y mencionando algunas contribuciones que fueron recogidas en el dictamen, los vehículos acreditarán, -sí y solo sí-, la adhesión a la plataforma tecnológica, para prestar esta modalidad de servicio, por seguridad del usuario y del conductor, deberán presentar una constancia de capacitación, seguro de cobertura amplia entre otros requisitos”, enfatizó el legislador.
Asimismo, dijo que el dictamen representaba una buena oportunidad para replantear una movilidad incluyente, donde las tecnologías obligan a replantear el diseño normativo y a poner en práctica hábitos seguros de movilidad.
“Hoy le abonamos a tener otra modalidad de transporte prestado por particulares, pero garantizando sea seguro y asequible”, finalizó.
En su intervención, el diputado Gerardo Fernández González habló a favor por el fortalecimiento de la iniciativa en cuestión con las aportaciones de quienes son los prestadores de servicios, como de las personas que contratan dichos servicios, siendo un ejemplo de cómo se debe trabajar para hacer modificaciones a la ley.
Asimismo, el congresista expresó las modificaciones que se hicieron al decreto original, donde resaltó las facultades de los inspectores, la regulación de servicios mediante plataformas tecnológicas, lo relativo al registro de vehículo, junto a las sanciones por incumplimiento de obligaciones, entre otras cuestiones que servirán para mejorar la movilidad en el estado.
Por su parte, la legisladora Yulma Rocha Aguilar refirió que la legislación debe actualizarse conforme a las demandas y necesidades que se presenten. Habló de los avances tecnológicos y la llamada economía digital que ofrece bienes y servicios a través de un clic en el que se encuentra el transporte de personas a través de plataformas digitales, el cual se ha popularizado y se ha convertido en una fuente de ingresos, dijo.
La congresista manifestó que las reformas que contiene el dictamen no solamente dejaban constancia de la evolución de transporte ejecutivo al servicio privado de transporte de personas y sus cosas mediante plataformas tecnológicas, sino que también superaban la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Movilidad, al regular únicamente el registro de conductores y de vehículos que operan bajo esta modalidad, con lo cual se da certeza jurídica y se busca garantizar la seguridad de los usuarios.
Finalmente, celebró que para su elaboración se llevó a cabo un verdadero ejercicio de Parlamento Abierto, por medio de mesas de trabajo donde se escuchó la opinión de los distintos sectores involucrados en el tema.
En su intervención, la diputada Dessire Ángel Rocha reconoció el proceso legislativo que se desarrolló para analizar la propuesta, y precisó que pronto tendrían que avocarse a un nuevo estudio de esa misma ley, pero de manera integral, para armonizarla con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Destacó cinco puntos: la igualdad de trato para la competencia de mercado, el garantizar la conducción segura, la actualización periódica de los controles de servicio, la certeza del uso de una plataforma y el sistema de quejas y sanciones. También se refirió a dos aspectos administrativos que consideró importantes que eran el llamado a evitar burocracia excesiva y que las personas usuarias son el centro de la reforma.
La legisladora señaló que a la entidad le faltaba avanzar y legislar en materia de incentivar el uso de autos eléctricos e híbridos y en abrir la posibilidad de otorgar servicios colectivos por la vía de las plataformas para autos con mayor capacidad.
Después de anunciar su voto a favor, externó su disposición para iniciar la siguiente discusión en materia de la armonización de la ley en comento con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
“Llegó la hora de imponernos como reto la evolución hacia nuevos paradigmas de movilidad segura y limpia poniendo a las personas y sus necesidades al centro de la discusión pública”, finalizó.
El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general. Al ser sometido a votación en lo particular, la diputada Yulma Rocha Aguilar y el diputado Alejandro Arias Ávila presentaron reservas.
Rocha Aguilar se reservó el artículo cuarto transitorio y señaló que el dictamen establecía que el pago de derechos tendría una vigencia anual, pero quedaba poca certeza sobre aquellas personas que ya han hecho su pago y no se especifica que pueda darse de forma proporcional y podría incluso darse un doble pago.
En ese sentido, planteó que se estableciera que los permisos del servicio especial de transporte ejecutivo que a la entrada en vigor del presente Decreto estén vigentes, transitarán al servicio de transporte privado y tendrán a salvo el pago de derechos por el periodo que reste su vigencia, para tal efecto la Dirección General de Trasporte emitirá los lineamientos correspondientes.
Su propuesta fue aprobada.
En su oportunidad, el congresista Alejandro Arias Ávila expresó una reserva para modificar al Artículo 212 ter., fracción II, con el objetivo de precisar que una conducta deba ser causal de cancelación únicamente cuando se trate de una conducta intencional o dolosa, de lo contrario conductores que se involucren en accidentes de tránsito podrían ser sujetos a la cancelación de su registro, cuando existe un riesgo, por la naturaleza del servicio, de estar involucrados en hechos de tránsitos mismos que podrían ser ligados a delitos o faltas administrativas sin que se derive de la conducta del servicio o una acción intencional del mismo.
Por lo anterior, propuso que se estableciera que: “El propietario o conductor utilice el vehículo registrado en hechos que violenten el orden público o estén tipificados como delitos de carácter intencional”. Su propuesta fue aprobada.
