El Senado de la República aprobó, con modificaciones, un decreto para expedir la Ley General de Prevención, Investigación y Sanción de los Delitos en Materia de Extorsión. Esta legislación busca abordar un fenómeno delictivo que ha incrementado su presencia en México, afectando la seguridad y la economía de diversas comunidades.
La medida fue respaldada de manera unánime en su votación general, registrando 110 votos a favor. En el desglose particular, el dictamen recibió 95 votos a favor y 12 en contra, implicando reformas a varios marcos normativos, entre ellos el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Asimismo, se armonizan las definiciones del delito de extorsión, las conductas agravantes y los estándares para su investigación.
Entre las modificaciones más significativas se encuentra la integración de la perspectiva de género en la atención a las víctimas y un aumento en las penas por extorsión que utilice tecnología de comunicación. Este punto responde a la creciente utilización de medios digitales y telecomunicaciones en la comisión de este delito.
El Senado también determinó que las fiscalías deberán contar con unidades especializadas y personal capacitado para abordar el tema de la extorsión. Además, las penas para los servidores públicos que no denuncien estos delitos serán de 10 a 20 años de prisión.
Las cifras de extorsión son alarmantes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta finales de 2024 se reportaron más de 10,800 víctimas. La reforma pretende unificar la legislación en todos los estados para facilitar la persecución del delito, evitando la impunidad resultante de disparidades en el tratamiento jurídico a nivel local.
Este esfuerzo legislativo fue presentado por el Ejecutivo con el fin de establecer un marco común en todo el país que permita definir modalidades de extorsión y estandarizar los protocolos de actuación de las autoridades competentes.
