Las autoridades federales y del estado de Sonora presentaron un plan integral para remediar los daños ambientales y a la salud causados por el derrame de desechos tóxicos en la mina Buenavista del Cobre, que contaminó el río Sonora y afectó a comunidades locales. El anuncio subraya la importancia de atender de manera prioritaria a las poblaciones ribereñas y a los usuarios del agua en la región.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales explicó que las acciones buscan garantizar justicia social, acceso a un entorno natural sano y atención médica para las comunidades afectadas. Según la dependencia, el plan responde a demandas recogidas en reuniones con habitantes de las zonas impactadas.
El programa se estructura en tres ejes: salud, acceso al agua potable y remediación ambiental. En el eje de salud se prevé la construcción y equipamiento del nuevo Hospital Regional de Ures con residencia médica, atención toxicológica y una Unidad de Vigilancia Epidemiológica para el seguimiento de la población potencialmente afectada.
El hospital contará con 21 consultorios de especialidad, 60 camas de hospitalización, un área de cuidados intensivos y un laboratorio para el análisis de metales pesados. Las autoridades señalaron que esas capacidades permitirán atender tanto necesidades agudas como seguimientos a mediano y largo plazo.
En materia de agua, la Comisión Nacional del Agua anunció la construcción de 16 plantas potabilizadoras, la instalación de 16 sistemas de desinfección y la adecuación de cuatro de las seis plantas existentes, además de un monitoreo permanente de la calidad del agua para consumo humano. Estas medidas buscan asegurar el suministro y la potabilidad en las comunidades afectadas.
Para la remediación ambiental se implementarán medidas técnicas destinadas a reducir los contaminantes a niveles seguros mediante la caracterización y el análisis de suelos y sedimentos en la cuenca del río Sonora. Las autoridades indicaron que las intervenciones se basarán en evidencia técnica y en procesos participativos con las comunidades.
Funcionarios destacaron que el plan es resultado de un proceso participativo y fundamentado en estudios técnicos y sociales; en ese marco se insistió en que “no puede haber justicia social sin justicia ambiental”. Representantes gubernamentales se reunieron con delegados de localidades como Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora y Ures para detallar los pasos siguientes.
El gobernador de Sonora resaltó la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender los impactos sociales y ambientales del derrame. La Secretaría de Gobernación informó que el Gobierno federal administrará un fondo de 1.500 millones de pesos, derivado de un acuerdo con la empresa responsable, para financiar la construcción del hospital, las acciones de acceso al agua potable y el plan de justicia ambiental.
El derrame, calificado por la Secretaría de Medio Ambiente como uno de los peores desastres ambientales en la industria minera del país, dejó contaminados los ríos Sonora y Bacanuchi y afectó a cerca de 22.000 habitantes de ocho municipios, entre ellos Cananea, Ures, Huepac, Banámichi, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora y Arizpe. Las intervenciones anunciadas buscan revertir daños en suelos, sedimentos y fuentes de agua que aún requieren monitoreo y atención.
