En Morelia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con una legislación actualizada al siglo XXI que, según la rectoría, la prepara para enfrentar retos futuros y aporta beneficios a la comunidad local.
La presentación del tercer informe de actividades resaltó el papel del Consejo Universitario como garante de la legalidad y la autonomía, así como su compromiso con la vida democrática y la justicia dentro de la institución.
Se destacó que el diálogo institucional y la crítica constructiva permitieron enriquecer propuestas y aprobar nuevas normativas que benefician a diversos sectores de la universidad.
Como uno de los logros centrales se mencionó la reforma del Estatuto Universitario y de la Ley Orgánica, acciones que impulsaron la creación, actualización y armonización de reglamentos, lineamientos y demás disposiciones normativas.
Entre las medidas implementadas figuran la conformación del Tribunal Universitario, la creación de la Unidad de Mediación, la actualización del protocolo para la atención integral de la violencia de género y la aprobación de planes institucionales en materia de cultura de paz y salud mental, además de más de diez reglamentos aprobados durante la gestión para alcanzar cerca del 70% de armonización legislativa.
La rectoría señaló que, frente a décadas de rezago legislativo, se asumieron decisiones difíciles que contaron con el respaldo de la comunidad universitaria para consolidar cambios sustantivos.
También se reportó avance en la consolidación académica, administrativa y financiera, con fortalecimiento de procesos, orden en las estructuras, defensa de derechos laborales, preservación de la estabilidad financiera y mayor transparencia y rendición de cuentas.
Se reconoció el apoyo del gobierno estatal, del Congreso local y de las y los diputados nicolaitas, además del acompañamiento del propio Consejo Universitario en las reformas impulsadas.
La universidad afirma ahora contar con garantías constitucionales de autonomía, con un presupuesto pleno equivalente al menos al 4.5% del presupuesto estatal, procesos democráticos para la elección de autoridades y derechos laborales elevados a rango constitucional, reformas que fueron calificadas como un acto de justicia histórica para la entidad.
No obstante, la rectoría advirtió que persisten retos estructurales, rezagos históricos y demandas que requieren continuidad, acuerdos más amplios y condiciones que trascienden la presente administración.
