La decisión de la Audiencia Nacional de archivar de forma provisional la investigación sobre el espionaje de los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros tiene impacto directo en la esfera política y de seguridad de España.
El magistrado José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento ante la imposibilidad de avanzar en las pesquisas por la falta de ejecución de comisiones rogatorias en el extranjero.
La resolución subraya que la ausencia de colaboración de Israel impide atribuir la autoría de los hechos a persona concreta y, por tanto, dificulta el esclarecimiento judicial del caso.
La causa ya había sido cerrada en una ocasión y reabierta luego de que Francia aportara información sobre una investigación relacionada con múltiples infecciones del software Pegasus que afectaron a periodistas, abogados y miembros de gobiernos.
El gobierno español había denunciado la infección reiterada del teléfono del presidente y la de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, entre otros, lo que motivó la apertura del procedimiento.
El juez remitió comisiones rogatorias a Israel solicitando, entre otras actuaciones, un informe de la empresa propietaria del software y la autorización para tomar declaración al consejero delegado de esa mercantil, sin que se recibiera respuesta.
Los hechos se enmarcan en un período de elevada tensión exterior para España, vinculado a un incidente migratorio en Ceuta que se interpretó como reacción a la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, bajo identidad falsa.
