El incremento en la aplicación de la pena de muerte en Medio Oriente durante 2025 ha sido destacado por Amnistía Internacional, con especial atención en los alarmantes récords alcanzados por Irán y Arabia Saudí. En Irán, se registraron 2,159 ejecuciones, la cifra más alta desde 1981, mientras que Arabia Saudí ejecutó al menos a 356 personas.
El informe indica que el régimen iraní ha intensificado el uso de la pena capital como herramienta de represión política, afectando a quienes cuestionan al gobierno. En Arabia Saudí, el aumento en el número de ejecuciones se realizó en un contexto de desprecio a las normativas internacionales de derechos humanos.
Se señala que el 67% de las ejecuciones en Arabia Saudí estuvieron vinculadas a delitos de drogas, a pesar de que el derecho internacional prohíbe la pena de muerte en estos casos. Además, Kuwait ha triplicado sus ejecuciones, implementando nuevas leyes que agravan las penas para los delitos relacionados con drogas.
El informe de Amnistía revela un patrón regional de aplicación de la pena capital bajo procedimientos injustos, incluidas confesiones obtenidas bajo tortura. Los gobiernos de la región utilizan la pena de muerte como un medio para reprimir la disidencia y mantener el control en un contexto de políticas punitivas principalmente dirigidas contra el tráfico de drogas.
