En la Cámara de Diputados se ha presentado una propuesta legislativa que ha generado controversia debido a sus implicaciones sobre la libertad de expresión. La iniciativa, conocida como «Ley Anti-Stickers», contempla sancionar con penas de hasta seis años de prisión a quienes creen o compartan memes, stickers o videos manipulados por inteligencia artificial que, según su redacción, puedan «ridiculizar» o dañar la reputación de una persona.
La propuesta busca modificar el Código Penal Federal, argumentando que la tecnología ha evolucionado de un medio de comunicación a un instrumento capaz de «moldear identidades y construir o destruir reputaciones en segundos». Esto incluye la creación de sanciones para aquellos que utilicen imágenes, voz o identidad de una persona sin su consentimiento, con penas más severas si las víctimas son menores de edad, personas con discapacidad o funcionarios públicos.
Aunque la iniciativa se presenta como una medida para combatir el ciberacoso y fenómenos como los deepfakes, expertos han señalado que su ambigüedad podría resultar problemática. No se establece una distinción clara entre un deepfake de contenido sexual y un meme político, ni se contemplan excepciones para la sátira, la parodia o la crítica pública, elementos esenciales de la libertad de expresión. Esto podría permitir que cualquier político “ofendido” considere un meme como un delito, aumentando las sanciones en el caso de funcionarios públicos.
Además, esta no es la primera vez que se presentan iniciativas similares. En distintos estados, han surgido propuestas que buscan castigar expresiones en redes sociales, lo que ha generado preocupaciones sobre la posible censura disfrazada de protección legal. La organización Artículo 19 ha advertido que expresiones legítimas, como meme o caricaturas, podrían ser interpretadas como delitos bajo estas normativas.
El contexto actual también pone de manifiesto que ya existen casos donde la legislación se ha utilizado para sancionar críticas, lo que plantea un riesgo potencial de limitar la libertad de expresión en el país. Es un momento crucial para reflexionar sobre el significado del humor político en México y cómo este se integra en el discurso público sin que se convierta en un objetivo de castigo legal.
