¿Qué busca esconder AMLO de obra pública en el sur?

Juan Miguel Alcántara Soria
La Suprema Corte de Justicia invalidó el jueves pasado el decreto del presidente López Obrador, de noviembre de 2021, por el que éste declaró todas sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, con lo que buscaba anular el derecho a la información pública, e impedir que la ciudadanía conozca qué se hace, a qué costo, por quién. Su decreto interfería con las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, que interpuso una controversia constitucional, la que la Corte resolvió por la mañana. Pero el mismo jueves, por la tarde, vino burla de AMLO y emitió otro “Decreto por el que la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya, como del Corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los Aeropuertos que se indican (de Palenque, Chetumal y Tulum), son de seguridad nacional”. Nadie discute que las obras son estratégicas, prioritarias o de interés público. Sino la clasificación de “seguridad nacional”, que provoca la no transparencia y no rendición de cuentas exigidas en la Constitución. El INAI presentó el viernes ante la Corte recurso de queja contra nuevo decreto presidencial, por violar la suspensión concedida antes. Y la 4t ha impedido pueda sesionar pleno del INAI por la falta de tres de sus integrantes. Ante la repetición del acto reclamado se deben explorar nuevas resoluciones de la Suprema Corte, una de las cuales se puede producir mañana lunes, cuando precise los efectos de lo resuelto el jueves, incluso se hagan extensivos al segundo Decreto, pues la controversia no ha sido resuelta en su totalidad y los efectos de la suspensión del primero no han cesado. También las minorías legislativas pueden impugnarlo.
¿Qué es lo que quiere esconder AMLO de datos públicos? Los contratos de construcción, mantenimiento y operación del tren, del corredor y de los aeropuertos. Porque derivan de asignaciones directas (sin licitación ni concurso) del Secretario de la Defensa –responsable de las obras- a contratistas consentidos de AMLO, de sus hijos y del mismo secretario. Ocultar el exceso en costos, entregas fuera de tiempo, vicios y defectos ocultos en las obras, la no justificación de todos los pagos, etcétera. El Gral. secretario Luis Crescencio Sandoval está sumido en fango de corrupción: se demostró compró hace 2 años un departamento de lujo a la hija de un militar retirado, la que es accionista de empresa proveedora de la Sedena a la que le dio un contrato en 2022 por $320 millones. Él lo aceptó, pero declaró: que lo compró en $ 9 millones de pesos (cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad demostró vale $ 30 millones); que el depa tenía 11 años y no tenía acabados, pero la escritura dice que “con terminación del 100% y acabados en pisos, muros y plafones”; que lo paga con un crédito destinando el 70% de su sueldo, pero lo que ha pagado en 27 meses ($5.2 millones) equivale al 200% de su sueldo íntegro ($119mil). De los viajes que se demostró han hecho por todo el mundo su familia, con médicos, enfermas y otros auxiliares del ejército, alegó que son viajes oficiales que requieren hasta de la suegra.
El pueblo debe saber que el art. 6º de la Constitución establece: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial… es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional… En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad…”. Los decretos de AMLO instruyen a Sedena, Marina y demás dependencias a que incumplan con sus obligaciones de transparencia, al instruirles que lo relacionado con estas obras de AMLO en el sur sea considerado como de “seguridad nacional”, imponiendo el antivalor de máxima secrecía posible, una restricción a nuestro derecho fundamental a saber. No lo permitamos.