Este miércoles se cumplen dos meses desde que Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, solicitó licencia para dejar el cargo tras ser acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Su decisión, comunicada el 1 de mayo, fue motivada por su intención de facilitar las investigaciones relacionadas con las acusaciones en su contra.
Desde entonces, Rocha Moya ha permanecido alejado de la esfera pública, limitándose a emitir pronunciamientos a través de redes sociales donde anunció su intención de comparecer ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, no se ha podido verificar su presencia en las dependencias de la Fiscalía en Sinaloa, a diferencia de otros acusados cuyos ingresos y salidas fueron cubiertos por medios locales.
La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, ha asegurado que el exgobernador sigue en Sinaloa, aunque su ausencia en eventos públicos es notable. Su hija, Eneyda Rocha, titular del DIF Sinaloa, tampoco ha realizado actividades públicas, lo que ha generado especulaciones sobre la situación familiar.
En otro tema relacionado, se reportó el nacimiento de la segunda hija de Yeraldine Bonilla. A pesar de su reciente maternidad, la gobernadora interina había anticipado que no solicitaría licencia, lo que ha suscitado críticas en el Congreso. Legisladores locales han manifestado que la gobernanza del estado no puede manejarse desde el hogar debido a la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa.
Por otro lado, el caso de Rocha Moya se intensificó cuando, el 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York reveló una acusación formal en su contra y otros ocho funcionarios, vinculándolos a presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas. Las autoridades también confirmaron que se han bloqueado preventivamente las cuentas de los acusados, medida relacionada con órdenes de arresto en Estados Unidos.
