La reciente detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ha suscitado una polémica considerable, provocando acusaciones de «cacería de brujas» por parte de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN). Esta situación ha llevado a un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se abstenga de negociar la ley y el Estado de derecho en México, lo que pone en tela de juicio la integridad del poder ejecutivo.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, cuestionó la aparente protección que el gobierno brinda a ciertos gobernantes vinculados al narcotráfico mientras persigue a figuras de oposición. Romero enfatizó que es esencial que Ruffo Appel aclare los supuestos delitos de contrabando de combustible en su contra. Sin embargo, también destacó la falta de acciones similares en relación con políticos de Morena asociados con el crimen organizado.
El dirigente panista instó a Sheinbaum a aplicar la ley de manera equitativa, señalando que la justicia debe ser uniforme para todos los mexicanos, independientemente de su afiliación política. Además, solicitó una investigación sobre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, advirtiendo que debe pedir una licencia mientras se lleva a cabo dicha pesquisa, dadas las aclaraciones sobre su comunicación con autoridades estadounidenses.
El PAN se encuentra en una posición ambigua respecto a Ruffo, mientras que el grupo Somos MX exige su liberación inmediata. Romero reiteró que la gobernadora no debe temer a la investigación si no tiene nada que ocultar, vinculando las afirmaciones que ha realizado a una política de impunidad entre el gobierno y los grupos criminales.
Asimismo, el PAN ha manifestado que no permitirá la erosión de la soberanía nacional en favor de impunidades individuales. Se anticipa que el partido presentará denunicas y solicitará comparecencias en el Congreso de la Unión para enfrentar lo que considera una violación a la soberanía del país.
Finalmente, el llamado a la presidenta Sheinbaum para romper cualquier pacto con el narcotráfico y extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, resalta la tensión existente entre el gobierno federal y la oposición política en el contexto de la próxima reforma legislativa en el país.
