Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han exigido la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esta petición surge tras la reciente recomendación de la CNDH que descarta la participación del Ejército en la desaparición de los normalistas, lo que ha descalificado las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y otras organizaciones.
El nuevo documento de la CNDH anula seis recomendaciones anteriores que sí reconocían la implicación de elementos del Ejército en los eventos del 26 de septiembre de 2014 en Guerrero. Felipe de la Cruz, vocero de las familias, consideró que la presidenta traicionó a las víctimas y carece de legitimidad para continuar en su cargo.
De la Cruz sugirió que debería renunciar debido a su incapacidad para comprender y desempeñar adecuadamente su función en el organismo. Además, Alejandro Martínez, director especial del caso Ayotzinapa en la CNDH, censuró la falta de rigor técnico en la recomendación, acusando a Rosario Piedra y a Francisco Estrada Correa de utilizar un lenguaje ajeno al derecho internacional para favorecer una narrativa política.
Martínez también cuestionó la omisión de la CNDH al no notificar a las familias sobre el contenido de la recomendación, lo que considera una revictimización y un factor que agrava las divisiones con las víctimas. Las críticas de los familiares contrastan con hallazgos documentados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), que evidencian la infiltración del Ejército en la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos».
Además, se han vinculado a 17 militares con el caso, lo que genera más indignación entre los allegados de los desaparecidos. De la Cruz también rechazó que la CNDH descalifique el trabajo de Alejandro Encinas al frente de la COVAJ, al tiempo que se le otorga credibilidad a testimonios de personas procesadas por su implicación en la desaparición.
La recomendación 208VG/2026 no solo critica el trabajo de organizaciones como el Centro Prodh y el Centro Tlachinollan, sino que también las acusa de promover «versiones fantasiosas» para desprestigiar al Ejército. Para Martínez, este tipo de posicionamientos indican que la CNDH ha dejado de actuar como un organismo autónomo y se ha alineado con el gobierno, evidenciando una falta de independencia respecto al Poder Ejecutivo.
