Guanajuato, Gto. – El conflicto por la ocupación irregular y violenta en el interior del mercado y en la Plaza Gavira tiene un origen claro: la administración del exalcalde Alejandro Navarro. Fue durante su gestión cuando se permitió, de manera tolerante o incluso cómplice, la renta y ocupación indebida de locales, tanto dentro del mercado como en la plaza adyacente, violando normativas de comercio y de protección al patrimonio, y sembrando un problema que hoy ha derivado en violencia, descontento social y riesgo para el reconocimiento internacional de la ciudad.
Recientemente, el área jurídica del municipio encabezó un operativo para recuperar la posesión de varios locales rentados de forma irregular, y durante este procedimiento, según denuncias de testigos, un locatario fue golpeado por personal municipal. Aunque los hechos ocurrieron bajo la administración actual, el conflicto se originó claramente en el trienio de Navarro, cuya gestión fue señalada por su permisividad ante las irregularidades, falta de transparencia y decisiones insensibles.
Hoy, las consecuencias de esa administración afectan no solo al Partido Acción Nacional (PAN), sino directamente a la actual alcaldesa Samantha Smith, esposa de Navarro, quien debe enfrentar un conflicto generado por su antecesor y que compromete tanto la legalidad como la gobernabilidad.
Cabe recordar que en 1977, el Gobierno del Estado, encabezado por Luis H. Ducoing, reubicó a los comerciantes de comida de la Plaza Gavira a un edificio de tres niveles construido específicamente para ellos. El edificio del mercado es una estructura diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel autor de la Torre Eiffel, por lo cual permitió liberar la plaza de Gavira con el objetivo de conservar su función como espacio público y proteger el entorno histórico.
Sin embargo, hoy la situación se ha revertido. La Plaza Gavira está nuevamente ocupada por puestos y comercio informal, y el interior del mercado ha sido objeto de rentas irregulares que agravan el desorden. Todo esto ocurre en un área que forma parte del patrimonio nacional, lo que representa una violación directa a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta irregularidad podría poner en riesgo el estatus de Guanajuato como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO.
Expertos advierten que, de presentarse una denuncia formal ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o la misma UNESCO, el municipio podría enfrentar consecuencias severas. El conflicto también ha generado tensiones internas en el PAN, donde se cuestiona la herencia política y administrativa de Navarro, cuya sombra aún pesa sobre la gestión actual.
La alcaldesa Samantha Smith, aunque no es responsable directa de las decisiones tomadas por su esposo, enfrenta ahora la presión de resolver un problema complejo, con implicaciones legales, sociales y políticas. La ciudadanía espera acciones firmes para recuperar el orden, hacer valer la ley y defender el patrimonio que da identidad y prestigio a Guanajuato.
