León, Guanajuato. — En el Ayuntamiento de León fue señalado un posible mal uso de recursos públicos relacionado con contratos de publicidad que, de acuerdo con los señalamientos expuestos, podrían estar siendo utilizados no sólo para difundir acciones institucionales del municipio, sino para favorecer la imagen de una persona en particular.
La preocupación central gira en torno a empresas contratadas para servicios de comunicación, publicidad o difusión, cuyos contenidos presuntamente estarían rebasando el carácter institucional que debe tener la propaganda gubernamental.
De acuerdo con lo planteado, el recurso público destinado a comunicación social debe utilizarse para informar a la ciudadanía sobre programas, servicios, obras y acciones de gobierno, no para construir posicionamientos personales ni beneficiar proyectos políticos individuales.
El señalamiento abre la discusión sobre la necesidad de revisar los contratos vigentes con empresas de publicidad, los montos asignados, los entregables comprometidos y el tipo de contenidos difundidos, a fin de determinar si cumplen con criterios de legalidad, transparencia, imparcialidad y utilidad pública.
También se puso sobre la mesa la importancia de distinguir entre comunicación institucional y promoción personalizada, especialmente cuando los mensajes, imágenes o campañas terminan colocando el nombre, rostro o figura de una persona por encima del interés público.
Especialistas en temas de transparencia han advertido que la publicidad oficial debe tener límites claros, pues cuando se utiliza para beneficiar trayectorias personales o políticas puede convertirse en una forma indirecta de ventaja con cargo al erario.
Ante estos señalamientos, resulta necesario que las áreas responsables del municipio transparenten los contratos, proveedores, campañas, costos y objetivos de difusión, así como los criterios bajo los cuales se autoriza cada contenido pagado con recursos públicos.
La exigencia no es menor: en tiempos donde la ciudadanía demanda gobiernos más austeros y transparentes, el uso de dinero público para comunicación debe estar plenamente justificado y no convertirse en una herramienta de promoción personal.
