Desaparecer al INE, anuncia el obradorato

Juan Miguel Alcántara Soria
Claudia Sheinbaum confirmó en días pasados que prepara una iniciativa de reforma electoral que afecta al Instituto Nacional Electoral y al conjunto de reglas electorales. También promulgó decretos de nuevas leyes y la de Población, que afectarán la credencial de elector, al desfondar de recursos esa credencial, por la nueva CURP que exige datos biométricos: la sustituirán. Se refirió, también, a un manifiesto que publicaron demócratas, como José Woldenberg -expresidente del IFE-, quienes hicieron planteamientos pertinentes para procesar esa reforma política con legitimidad, esto es, con amplio apoyo ciudadano y de partidos de oposición. Hay que difundir ese manifiesto. Hoy es necesario busquemos responder a tiempo a impulsos autoritarios.
Sheinbaum adelantó el 4 de julio que buscará reducir financiamiento a partidos y a órganos del Estado de elección popular, tomando como base los planes A y B de López Obrador. Incluye eliminar legisladores plurinominales e institutos electorales estatales, disminuir síndicos y regidores de ayuntamientos y financiamiento público a partidos (para que estos y sus candidatos busquen otros financiamientos, como los del crimen organizado). Evalúa proponer que los consejeros del INE sean electos por voto ciudadano, lo que sería más costoso.
El INE -antes IFE- fue resultado de exigencias desde fuera del PRI-gobierno, visto el fraude electoral de 1988. La demanda de voto libre y respetado venía de tiempo atrás de una parte del pueblo, dado los fraudes en elecciones locales organizadas por el gobierno. Exigencias de la periferia al centro. O si se prefiere, de abajo arriba. Participé de esa dinámica como diputado federal electo en distrito de Coyoacán de la Ciudad de México. Luis Álvarez, presidente del PAN, y Manuel Clouthier, candidato presidencial, me pidieron elaborar una propuesta de reforma electoral como condición de legitimidad en el ejercicio del cargo al ilegítimo de origen presidente Salinas, tarea que asumimos una docena de diputados panistas.
Las reglas del juego electoral, para ser legítimas, dijimos entonces, deben ser resultado de acuerdos logrados entre quienes detentan el poder y quienes están frente al poder. Esta legitimidad de las reglas no se logra con la visión y los votos de solo quienes detentan el poder legislativo y el ejecutivo. Y menos si son una mayoría artificial o desproporcionada a los votos efectivos recibidos, como ahora. Expusimos entonces que todo sistema democrático debe lograr tres funciones: legitimidad de origen de los integrantes de los poderes públicos, representatividad del pluralismo ciudadano, y gobernabilidad o eficacia en la conducción política.
Así logramos en 1989 la primera generación de normas democráticas del IFE, en la que surgió la credencial de elector con fotografía, entre otros avances. Se consideró indispensable la autonomía y profesionalización del INE y otras instituciones, no solo para garantizar su apartidismo, sino también su eficacia. Se buscó que los órganos del Estado definidos por elección popular -cámaras y ayuntamientos- representaran proporcionalmente al pluralismo mexicano, desde el municipio.
Vinieron otras reformas por acuerdos de todas las fuerzas políticas, que fortalecieron la legitimidad de las reglas del juego. Incluyeron exigencias del PRD para que los órganos legislativos y ayuntamientos representaran mejor la proporción de la pluralidad ciudadana. La izquierda proponía solo diputados plurinominales para que el peso electoral de cada partido dado por la ciudadanía coincidiera con el peso en las cámaras.
Asunto grave es el del financiamiento a los partidos. En 1997 se detectó en Michoacán el crimen organizado financió campañas a cambio de cargos públicos en los ayuntamientos. Hoy Sheinbaum y el obradorato pretextan que nuestro sistema electoral es muy costoso. Su visión es la del PRI-gobierno de los 70s. Una vuelta al pasado en la que una facción organizaba las elecciones para darse “carro completo”. Ante el riesgo de perder legitimidad, representatividad y gobernanza democráticas, aprendamos a ser ciudadanos y a defender nuestras libertades y derechos. ¡No a una reforma sin consensos de todas las fuerzas políticas del país!