Rolando Daza
Apunte:
Hay que hablar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en su conformación se juega la sobrevivencia de los equilibrios. En días pasados se presentó el último regalo que Arturo Zaldívar le entregó al presidente.
Como se ha comentado en los diversos medios, el ministro se despidió de la Suprema Corte para enlistarse a la campaña de Sheinbaum sin esperar a que su renuncia hubiera sido aceptada por el presidente y votada por el Senado.
Ahora, el presidente envió al Senado una terna de mujeres para ocupar la plaza que deja libre Arturo Zaldívar. Las postuladas tienen un puesto en el actual gobierno: María Estela Ríos es consejera jurídica del presidente; Bertha María Alcalde, asesora jurídica de la comisión contra los riesgos sanitarios (Cofepris) y hermana de la secretaria de gobernación; y Lenia Batres es consejera de legislación y hermana del jefe de gobierno de la CDMX.
La pregunta es quién de ellas es la verdadera elegida del presidente, porque esa será la nueva magistrada de la Corte. Hagan sus apuestas.
La Constitución establece que el presidente de la República designará a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pronto y cómodo. Nada cambiará sobre lo que ahora acontece, sin embargo, se deben guardar ciertas formas. Apariencia de imparcialidad y división de poderes.
Se necesita que una mayoría calificada del Senado apruebe a alguna de las candidatas para su nombramiento, pero normalmente los senadores rechazan la primera terna. Se lo ponen fácil. Argumentarán que la independencia judicial queda menoscabada con perfiles tan afines al Gobierno. Así, el presidente presenta otra terna en la que probablemente sustituya a dos y deje a una, su favorita para el puesto. El mensaje está enviado.
Próximamente la Cámara rechazará las tres postulaciones. Así el presidente designaría un nombre y ya está. El presidente gana, como él desea. Por eso el Senado no suele hacer eso, en esta segunda ronda prefiere negociar algo a cambio de concederle su inevitable deseo. Los magistrados como moneda de cambio. En una de sus Mañaneras, dijo: “¿Quién va a tener la última palabra? Por supuesto, el Senado”.
Esto será lo próximo a suceder y en la política que es prioritaria en nuestro país. Así surge una pregunta: ¿por qué el presidente no guarda la apariencia constitucional de división de poderes?
Podría ahorrarse la frase: “A ver a quién propongo, a ver si atino, porque de cuatro que he propuesto, dos me salieron conservas”. Por qué ensuciar a priori la imagen de un magistrado presumiendo que su oficio estará marcado por su ideología, no por la autonomía de criterio. Prontamente quedarán señalados los que no son conservas, a quienes se situará, por contrapartida, al lado de los postulados del Gobierno. Se traslada así al máximo órgano jurídico la batalla política. El poder judicial como una extensión del legislativo. Qué situación tan desconsolada.
