Marycarmen Soria
Los enfrentamientos entre los poderes de la Unión respecto a las remuneraciones y beneficios de los servidores públicos continúan. El presidente y algunos legisladores insisten en la legalidad de los fideicomisos que tiene el poder judicial, mientras que los jueces señalan que ésta tiene lagunas que dejan en el desamparo a los trabajadores del sector público.
El desacuerdo se profundizó cuando el presidente López Obrador criticó la postura de los magistrados y aseguró que perciben un sueldo mensual de 600 mil pesos. En respuesta, magistrados y jueces dieron a conocer sus ingresos para demostrar que tales sumas son exageradas.
Los integrantes del Poder Judicial cuentan con el respaldo del artículo 94 constitucional para impedir que sus remuneraciones sean reducidas durante su encargo y para asegurar que al terminar su periodo tendrán derecho a un retiro. Además, el artículo 100 constitucional les otorga autonomía presupuestaria para que asignen y administren el presupuesto como lo deseen. Y la misma Carta Magna les garantiza que ningún otro poder puede chantajearlos con removerlos de su cargo o eliminarles sus remuneraciones.
La separación de poderes nació como una medida para restringir la acción de los gobernantes y garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos, la división de poderes es la única manera de evitar que los gobernantes sean tentados a tener en sus manos el poder de hacer leyes y el de ejecutarlas para así eximirse de obedecer las leyes que ellos mismos hacen.
Este enfrentamiento se alimenta de la mala imagen de la justicia, y hoy más que nunca se necesita reforzar este poder, los mexicanos necesitamos tener confianza en la aplicación de la justicia, que no haya impunidad, ya que los problemas más serios que nos afectan son las desapariciones, feminicidios, violaciones contra la población migrante, tortura y detenciones arbitrarias, así como violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
La falta de acceso a la justicia en un gran porcentaje afecta particularmente a grupos desaventajados social y económicamente. Esto incluye a grupos que históricamente han sido marginados, tales como los sectores pobres, las mujeres, las comunidades negras, inmigrantes y LGBTQIA+ y la población confinada, entre otros.
La peor consecuencia que pudiera darse en este enfrentamiento sería la corrupción judicial y en México ya han existido altos niveles de impunidad: la impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En buena medida, amparada por la corrupción de los distintos agentes involucrados en el sistema judicial: policías, ministerios públicos o fiscales, jueces y responsables de las cárceles.
A nadie nos conviene ni beneficia un enfrenamiento entre los poderes, los cuales están separados para poder dar certeza y estabilidad al país.
