En Toluca, Estado de México, familiares y activistas realizaron una manifestación para exigir respuesta a las solicitudes de amnistía presentadas por el caso de un hombre que asegura ser inocente tras más de dos décadas de prisión. La protesta, con el lema «Ni un año más en prisión», buscó visibilizar su situación y denunciar prácticas que, según los organizadores, afectan a la región.
El detenido, que sostiene no haber cometido el homicidio por el que fue condenado, espera resolución a la petición de amnistía que su defensa interpuso ante diversas autoridades. Desde la defensa señalan que el expediente contiene elementos que ponen en duda la condena.
Relatos de la víctima y de su familia indican que agentes irrumpieron en el negocio familiar y lo detuvieron junto con otras personas; denuncian que fue golpeado, sumergido en agua hasta perder el conocimiento y forzado a firmar una confesión. Las acusaciones en su contra fueron presentadas horas después ante el Ministerio Público, según esas versiones.
La defensa aporta como pruebas una reacción negativa en una prueba de rodizonato de sodio, testimonios iniciales que negaron reconocerlo y supuestas contradicciones en los informes policiales. Alegan que la confesión fue obtenida bajo tortura, lo que, conforme a estándares internacionales, invalidaría su valor probatorio.
Ante estas alegaciones, las abogadas del caso llevaron el expediente ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Paralelamente, la familia ha presentado solicitudes de amnistía y acudido a instancias locales de justicia y derechos humanos, sin que hasta ahora se conozca una resolución definitiva, según la defensa.
La representación legal advierte que la falta de respuesta prolonga una posible violación de derechos y subraya la necesidad de mecanismos específicos para liberar a personas sobrevivientes de tortura. Citan además datos de encuestas nacionales que indican que una proporción relevante de personas privadas de la libertad ha sido presionada para declararse culpable o aportar información.
Las abogadas proponen la creación de un mecanismo extraordinario de libertad para quienes han sido sometidos a tortura, especialmente en casos de delitos de alto rechazo social donde, sostienen, el costo político dificulta la revisión de sentencias. Familiares y activistas mantienen la demanda de revisión del caso y de medidas que prevengan la fabricación de culpables en la entidad y en el país.
El condenado insiste en su inocencia y afirma que la amnistía sería un paso para recuperar su vida después de años de encarcelamiento. Su familia y colectivos esperan que las instancias correspondientes atiendan las solicitudes pendientes y aceleren el trámite.
