La ministra Lenia Batres acusó a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de mantener una “animadversión insana” durante la discusión de un proyecto sobre notificaciones judiciales. El intercambio expuso tensiones internas en el máximo tribunal y vinculó el debate jurídico con diferencias sobre el presupuesto institucional.
El diferendo surgió a partir de una contradicción de criterios entre dos tribunales, que sostenían posturas distintas sobre la forma en que debían notificarse determinadas resoluciones a las autoridades: mediante oficio o a través de listas.
Batres Guadarrama se negó a modificar su proyecto de sentencia y cuestionó que la mayoría de ministras y ministros respaldara las notificaciones por oficio. Durante la sesión, sostuvo que el rechazo podría estar relacionado con un oficio que envió al Órgano de Administración Judicial (OAJ).
“Lamento que haya este ánimo en una discusión meramente jurídica. Veo una animadversión insana y quisiera creer que no tiene que ver con el oficio que el día de hoy mandé al Órgano de Administración Judicial respecto del presupuesto de esta Corte”, afirmó la ministra.
Según Batres, la SCJN solicitó un presupuesto de 6 mil 100 millones de pesos para 2027, equivalente a un aumento de 17 por ciento. También señaló que el tribunal determinó restituir el beneficio de seguros médicos mayores para más de 300 servidores públicos.
La ministra Yasmín Esquivel calificó de preocupantes las expresiones de Batres y aseguró que el debate se había desarrollado con argumentos jurídicos. “Todo lo que he escuchado en este debate han sido puntos de vista jurídicos y serios”, afirmó.
Esquivel agregó que las intervenciones no estuvieron dirigidas contra la persona de la ministra ponente, sino que se limitaron al contenido del proyecto. Con ello, intentó separar la discusión jurisdiccional de las diferencias relacionadas con el manejo presupuestal de la Corte.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, rechazó que existieran intereses ajenos al análisis jurídico. Señaló que el asunto correspondía exclusivamente a una contradicción de criterios y que ninguna de las intervenciones había implicado una descalificación personal.
El episodio refleja una disputa entre dos dimensiones de la gestión judicial: la interpretación de las normas procesales y la supervisión del gasto institucional. Aunque no se relaciona directamente con una reforma legislativa, los comicios, el poder ejecutivo o la diplomacia, el conflicto puede influir en la percepción pública sobre la autonomía, austeridad y gobernanza de la Corte.
La controversia también evidencia la ausencia de un consenso partidista amplio en torno al presupuesto y los beneficios de los altos funcionarios públicos. En ese contexto, las decisiones administrativas del tribunal pueden adquirir una relevancia política mayor que la estrictamente jurídica.
