Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2024, los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas ambientalistas enfrentaron un entorno de descalificaciones públicas, espionaje y falta de justicia, de acuerdo con el trabajo “Bajo Ataque: Persecución de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en México”, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley. El informe advierte que este conjunto de hechos podría configurar, bajo el derecho internacional, una conducta de persecución contra grupos identificados por sus actividades o creencias.
El estudio contabiliza 377 asesinatos de periodistas, defensores y activistas durante ese periodo; de ellos, 78 corresponden a comunicadores. La violencia ocurrió, señala el documento, junto con ataques verbales registrados durante las conferencias matutinas del entonces presidente, en las que se lanzaron señalamientos contra integrantes de la prensa y organizaciones de la sociedad civil.
En total, el artículo registra 2 mil 827 ataques contra periodistas, defensores y organizaciones civiles. De esa cifra, 2 mil 150 fueron descalificaciones contra la prensa. También documenta más de mil acusaciones de difundir mentiras, casi 400 señalamientos de participar en conspiraciones y 275 imputaciones públicas relacionadas con presuntos actos de corrupción.
El lenguaje utilizado en esas intervenciones incluyó más de mil 500 referencias a periodistas o medios como “fifís”, además de acusaciones de calumnia y manipulación. Para el trabajo académico, estas expresiones contribuyeron a construir un entorno de hostigamiento público contra quienes cuestionaban las decisiones o políticas gubernamentales.
¿Qué papel tuvo el espionaje y por qué preocupa la impunidad?
El informe también documenta el uso de herramientas de vigilancia contra trabajadores de la comunicación. Entre ellas menciona el software Pegasus, contratado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y presuntamente utilizado entre 2018 y 2024 en al menos siete casos confirmados.
Otro de los principales hallazgos es el aumento de la impunidad relacionada con agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, que habría pasado de 93 a 99 por ciento. El artículo agrega que México registra más desapariciones de periodistas que cualquier otro país y que ninguno de esos casos derivó en una detención.
- Punto clave / Qué ocurrió: El informe documentó asesinatos, ataques, descalificaciones públicas y vigilancia contra periodistas, defensores y activistas.
- Impacto o alcance: Se registraron 377 asesinatos y 2 mil 827 ataques entre 2018 y 2024.
- Qué sigue: El documento plantea que estos hechos deben analizarse como una posible conducta de persecución conforme al derecho penal internacional.
El estudio concluye que, cuando un grupo es señalado públicamente, vigilado, demandado y posteriormente asesinado o desaparecido sin consecuencias, los casos dejan de parecer hechos aislados. La situación expuesta mantiene como principales pendientes la investigación de las agresiones, la localización de periodistas desaparecidos y el esclarecimiento de los casos de espionaje.
