Familiares de personas desaparecidas en México han expresado su oposición a la reciente reforma propuesta por el gobierno federal en materia de desapariciones. El rechazo se debe a su percepción de que la iniciativa establece «un sistema de vigilancia masiva» sin abordar la crisis real de desapariciones en el país. En un comunicado, más de 300 colectivos y grupos de búsqueda manifestaron que la propuesta no contribuiría a la localización de sus seres queridos y advirtieron que podría poner en peligro la seguridad de la población en general.
Los firmantes del comunicado argumentaron que la reforma carece de una consulta amplia y pública, lo que la convierte en un conjunto de medidas que no representan las necesidades y preocupaciones de las familias afectadas. Solicitaron a las Cámaras de Diputados y Senadores que se convoque a un «Parlamento Abierto» donde se discuta la iniciativa con transparencia y sin apresuramientos.
Refirieron también que la ley general sobre desapariciones de 2018 surgió de un proceso de colaboración y entendimiento entre diversas fuerzas políticas en el Congreso, lo que permitió la inclusión de enfoques técnicos y empáticos. En contraste, demandaron que la actual reforma no sea el resultado de decisiones impulsivas por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Asimismo, instaron a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a vigilar el proceso de reforma para asegurar que se respeten los derechos de las víctimas. Subrayaron que no contar con esta supervisión podría perjudicar sus esfuerzos por justicia y verdad.
La iniciativa del Ejecutivo incluye, entre otras disposiciones, la creación de protocolos de seguridad para las familias buscadoras, un registro inmediato de desapariciones, y la imposición de sanciones a las autoridades que incumplan con estos procedimientos. Además, propone el desarrollo de una plataforma única de identidad para facilitar la identificación de víctimas y la integración de datos esenciales entre distintas instituciones.
Las estadísticas revelan que en México hay más de 127 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas, que lleva cuenta de este fenómeno desde la década de 1950.
