El expediente sobre los 59 millones de litros de combustible asegurados en la comunidad de La Fragua concluyó sin confirmar un caso de huachicol, informó el 21 de octubre de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina. La revisión federal determinó que el hidrocarburo tenía procedencia legal y que la empresa operadora contaba con permisos de almacenamiento vigentes.
De acuerdo con la explicación presidencial, la investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó irregularidades administrativas en las unidades de transporte que ingresaban a la planta. Estas inconsistencias, señaló, fueron subsanadas por la empresa, por lo que el caso dejó de considerarse un asunto relacionado con robo de hidrocarburos.
La resolución modifica el alcance del operativo difundido el 17 de septiembre por la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, encabezada por Juan Mauro González Martínez, como un presunto golpe histórico contra el huachicol. Desde el inicio, la empresa operadora sostuvo que el producto almacenado era legal y que sus actividades se encontraban respaldadas por autorizaciones oficiales.
¿Cómo avanzó la investigación y qué documentos respaldaron la legalidad?
La cronología comenzó el 3 de julio, cuando autoridades detuvieron una pipa que descargaba diésel en San Luis de la Paz. Ese hecho derivó en una investigación sobre la terminal de La Fragua. Posteriormente, el 4 de septiembre, la Fiscalía General de la República cateó las instalaciones de Gas Natural del Noreste, perteneciente al Grupo SIMSA, donde localizó 10 tanques con 59 millones de litros de combustible y tres unidades de carga.
Tras la difusión del hallazgo como presunto huachicol, surgieron inconsistencias en la comunicación oficial. El 25 de septiembre, la FGR confirmó la remoción de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la fiscalía en Guanajuato. El 21 de octubre, la Presidencia informó el cierre del expediente penal relacionado con el origen del hidrocarburo.
Durante una inspección ocular en la terminal se constató que permanecían exhibidas las autorizaciones de la Comisión Reguladora de Energía, correspondientes al permiso PL/19344/ALM/2016 y a la resolución RES/885/2016. También se reportaron licencias de uso de suelo, vistos buenos municipales de Protección Civil y Medio Ambiente de San José de Iturbide, así como una manifestación de impacto ambiental emitida por la ASEA.
- Qué ocurrió: La investigación concluyó que el combustible asegurado tenía procedencia legal.
- Impacto o alcance: El caso involucró 59 millones de litros, 10 tanques y tres unidades de carga en la terminal de La Fragua.
- Qué sigue: El expediente penal quedó cerrado y las irregularidades administrativas en el transporte fueron subsanadas.
El caso permanece como un ejemplo de las consecuencias que puede generar la difusión anticipada de un operativo. La resolución federal lo ubica finalmente como un procedimiento de regulación del transporte y deja bajo cuestionamiento la coordinación y comunicación entre autoridades locales y federales.
