La comunidad otomí de Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, fue sede de una asamblea regional en la que pueblos chichimeca-otomí de Guanajuato analizaron propuestas para la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
En el encuentro participaron más de 107 autoridades tradicionales y representantes de comunidades originarias y afrodescendientes. Las actividades formaron parte de las consultas nacionales convocadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
A través de ocho mesas temáticas, los asistentes revisaron más de 400 artículos de la propuesta de ley. Entre los puntos discutidos estuvo la tipificación de cuatro nuevos delitos, incluido el de usurpación de la representación e identidad indígena.
El proyecto busca reconocer a las comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a la reforma constitucional de septiembre de 2024.
Las conclusiones serán integradas por un consejo técnico de especialistas para elaborar el documento final. También se destacó la participación de las mujeres indígenas en la definición de políticas públicas.
Durante la asamblea participaron representantes del INPI, de la Presidencia de la República, del Senado y del Congreso del Estado de Guanajuato, quienes atestiguaron la integración de las actas comunitarias que serán incorporadas al dictamen nacional.
