“Soy verídicamente inocente, no soy un ‘narcosenador’”: Enrique Inzunza pide a la FGR concluir la investigación en su contra
El senador por Sinaloa, Enrique Inzunza, reapareció públicamente el 31 de agosto de 2026 durante la sesión preparatoria del Senado, donde pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) concluir la investigación iniciada en su contra a raíz de una orden de aprehensión con fines de extradición solicitada por una fiscalía de Estados Unidos, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Inzunza llegó a las instalaciones del Senado a bordo de un vehículo austero de color rojo. Al ser abordado por representantes de los medios de comunicación, adelantó que ofrecería una conferencia de prensa para explicar su ausencia de cuatro meses en los trabajos legislativos.
Después de subir a su oficina, el legislador bajó minutos más tarde al patio de federalismo, donde ofreció sus declaraciones y rechazó de manera tajante los señalamientos formulados por una fiscalía con sede en Nueva York.
Durante la conferencia, el senador aseguró que es “inocente constitucional y verídicamente” y negó ser un “narco legislador”. También sostuvo que no teme ser encarcelado y afirmó que rechazaba “contundentemente” las acusaciones relacionadas con presuntos nexos con el grupo delictivo.
El senador exige una definición sobre la investigación
El legislador sinaloense también se desmarcó del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, de acuerdo con los señalamientos mencionados, también es acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Inzunza consideró que los cuatro meses transcurridos desde su desaparición pública son suficientes para que la Fiscalía General de la República concluya las indagatorias y determine si existen responsabilidades en su contra.
El senador no informó sobre la existencia de una resolución definitiva ni sobre nuevas acciones judiciales derivadas de la solicitud estadounidense. Por ahora, mantiene su postura de inocencia y demanda que la autoridad ministerial concluya el procedimiento para esclarecer su situación jurídica.
