Denuncian condiciones precarias de jornaleras agrícolas en México
En el contexto del quinto aniversario de la Alianza Campo Justo, diversas organizaciones civiles y mujeres jornaleras agrícolas expresaron su preocupación por la continua exclusión, violencia y precariedad que enfrentan en el campo mexicano. Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, se hizo un llamado al Gobierno para que cumpla con su compromiso de integrar las demandas de este sector en la agenda de justicia social.
Mujeres indígenas de la montaña de Guerrero compartieron relatos sobre las difíciles condiciones laborales, la discriminación sistemática y el limitado acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda. Una jornalera migrante describió la dura realidad de tener que trabajar en el campo, incluso en avanzado estado de embarazo, para lograr llevar a casa un ingreso que a menudo no es suficiente para cubrir sus necesidades.
La Alianza Campo Justo, que reúne a organizaciones como Fundar, Oxfam México, el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros, se formó en 2020 con el objetivo de exigir el respeto de los derechos laborales y sociales de estos trabajadores históricamente marginados. A pesar de algunos avances normativos, como el reconocimiento del salario mínimo profesional en el sector agrícola, las condiciones reales de trabajo continúan siendo graves.
El director de Fundar destacó que el salario que perciben los jornaleros no alcanza para garantizar una vida digna, y señaló que las inspecciones laborales son poco frecuentes. Cuando estas finalmente se llevan a cabo, las empresas tienden a realizar cambios superficiales que desaparecen una vez que los inspectores se van.
Por su parte, la directora de Oxfam México advirtió que el modelo actual de seguridad social está diseñado para empleos formales y estables, sin contemplar la naturaleza estacional de la labor jornalera. Añadió que es necesario garantizar atención médica durante todo el año y crear un registro único de trabajadores jornaleros, facilitando el acceso a sus derechos.
Además, se denunció que la migración forzada desde comunidades indígenas es un reflejo del abandono histórico por parte del Estado. Las mujeres, en particular, enfrentan situaciones adversas al migrar, incluyendo falta de educación y escaso acceso a servicios de salud.
Las representantes exigieron al Gobierno, particularmente a la presidenta, la inclusión efectiva de sus necesidades en la política pública. “Si hay programas dirigidos a mujeres, estos a menudo no llegan a quienes más lo necesitan. Es momento de que el Gobierno considere seriamente nuestra situación”, manifestaron.
Entre las propuestas presentadas por la Alianza, se destacó la importancia de establecer un fondo tripartido que garantice ingresos durante periodos sin cosecha, así como adaptar los programas sociales a la realidad de las trabajadoras del campo, muchas de las cuales no tienen acceso a los beneficios debido a la falta de tierras propias.
Finalmente, se enfatizó que el trabajo de los jornaleros es fundamental para la producción de alimentos en el país, y la calidad de los productos que llegan a las mesas de los consumidores depende en gran medida de su labor.
