En Nuevo Laredo, el activista Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos local, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, que le atribuye vínculos con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro congeló las propiedades y activos que Ramos pudiera tener en Estados Unidos y prohibió a personas estadounidenses entablar negocios con él.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló que Ramos habría liderado una campaña de desinformación haciéndose pasar por activista en beneficio del Cartel del Noreste, cuya base de operaciones se ubica en Nuevo Laredo.
Las autoridades estadounidenses no presentaron una acusación formal contra Ramos ni publicaron documentos que respalden las imputaciones difundidas.
Ramos y varios medios locales e internacionales denunciaron previamente que el Ejército mexicano habría utilizado el spyware Pegasus para espiarlo a él y a periodistas que investigaban presuntas ejecuciones extrajudiciales.
En su comunicado, Estados Unidos calificó como falsas las denuncias de Ramos contra el Ejército y lo acusó de pagar a personas para asistir a protestas con el objetivo de proteger la reputación del cártel, mejorar su percepción pública y desacreditar a las autoridades mexicanas.
Nuevo Laredo, en la frontera con Texas, es una de las ciudades más afectadas por enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y organizaciones del crimen organizado, así como por disputas internas entre esos grupos.
Según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Nuevo Laredo se mantiene entre los municipios con mayor número de personas desaparecidas, con alrededor de 2,300 a 2,700 casos acumulados.
El Cartel del Noreste figura en listados de autoridades estadounidenses junto a otros grupos señalados como organizaciones terroristas.
