Mientras el alcalde de Celaya cuestiona la distribución de recursos estatales para infraestructura, persisten dudas sobre la viabilidad técnica de los proyectos impulsados por su administración y su capacidad para competir por las grandes bolsas de inversión.
CELAYA, GTO.- Juan Miguel Ramírez volvió a cuestionar la distribución de recursos estatales para obra pública.
El alcalde de Celaya sostiene que el municipio recibió menos inversión de la que merece y que otras ciudades fueron favorecidas dentro del paquete de obras anunciado recientemente por el Gobierno del Estado.
Sin embargo, detrás del debate político existe una realidad que no puede ignorarse.
Mientras municipios como León, Irapuato, Guanajuato capital y San Miguel de Allende lograron incorporar proyectos estratégicos dentro de la inversión estatal, Celaya volvió a quedarse lejos de las obras de mayor impacto.
La situación abre una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió con los proyectos que presentó el municipio?
En materia de infraestructura, los recursos no se asignan únicamente por población o necesidad. También influyen factores técnicos, jurídicos y administrativos. Los proyectos deben contar con expedientes completos, estudios de factibilidad, viabilidad técnica, liberación de derechos de vía y condiciones que permitan su ejecución.
Por ello, reducir la discusión a un supuesto trato desigual deja fuera una parte importante del problema.
Los ciudadanos también tienen derecho a conocer si los proyectos promovidos por el gobierno municipal cumplían con todas las condiciones necesarias para competir por los recursos estatales y por qué no lograron posicionarse entre las principales obras anunciadas para Guanajuato.
La discusión no debería centrarse solamente en cuánto dinero recibió Celaya.
También debería incluir qué tan efectiva fue la gestión realizada para obtener más inversión.
Este miércoles, durante una entrevista sobre el tema, Juan Miguel Ramírez fue cuestionado respecto a la viabilidad de los proyectos impulsados por su administración y a las razones por las que Celaya no logró colocar más obras dentro del paquete estatal de infraestructura.
La reacción del alcalde fue de evidente molestia ante los cuestionamientos y no hubo una explicación puntual sobre los factores que limitaron el avance de dichos proyectos.
Y ahí se encuentra el verdadero fondo del debate.
Porque en política es válido exigir más recursos.
Pero también es obligación de cualquier gobierno demostrar que hizo todo lo necesario para obtenerlos.
Si Celaya considera que merece más obras, los ciudadanos tienen derecho a conocer qué proyectos se presentaron, en qué condiciones fueron entregados y por qué no lograron convertirse en una prioridad dentro de la inversión estatal.
Esa explicación sigue pendiente.
Por Contacto Noticias
