Las organizaciones sociales celebran la ley de rentas, pero advierten riesgos de implementación
Las organizaciones sociales que el año pasado se movilizaron contra el aumento de los alquileres y la gentrificación valoraron como un avance la iniciativa de ley de rentas justas impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Sin embargo, señalaron que el proyecto todavía presenta dudas sobre su aplicación, la capacidad institucional para sancionar incumplimientos y los mecanismos para proteger de manera efectiva a las personas arrendatarias en la Ciudad de México.
Uriel Martínez, integrante de Comuna Hogar, consideró que la propuesta representa un primer paso porque recupera la idea de la función social del arrendamiento y coloca a la vivienda como un derecho, no únicamente como una mercancía. Eduardo Alanís, del Frente Anti Gentrificación, coincidió en que ese enfoque puede limitar la lógica comercial que, de acuerdo con las organizaciones, expulsa a familias y comunidades que no pueden pagar los precios determinados por el mercado.
El proyecto fue recibido hace unas semanas en el Palacio de Donceles, después de que su envío se postergara por la realización del Mundial de Fútbol. Fuentes legislativas de Morena estiman que el proceso podría concluir con su aprobación en diciembre, luego de establecer diálogos con organizaciones inmobiliarias, el Poder Ejecutivo, aliados de la 4T y la oposición. No obstante, las organizaciones sociales consultadas sostienen que hasta ahora no han discutido directamente la propuesta con representantes oficialistas.
¿Qué aspectos de la iniciativa preocupan a las organizaciones?
Uno de los principales cuestionamientos se refiere al registro de contratos de arrendamiento, que quedaría bajo responsabilidad tanto de quien renta como de quien alquila. Para Martínez, establecer que las rentas no aumenten por encima de la inflación es positivo, pero falta explicar cómo se verificará el cumplimiento y qué ocurrirá ante una violación de la norma.
Las organizaciones también observan la creación de una defensoría inquilinaria regulada por la Secretaría de Gobierno. Alanís advirtió que la oficina podría enfrentar una gran cantidad de reclamos debido a la falta de contratos y a los requisitos excesivos que enfrentan algunos arrendatarios. Además, cuestionó su estructura, presupuesto y la posibilidad de que recursos públicos terminen respaldando un desalojo.
Otro punto de conflicto son los contratos de un año y la eliminación del artículo 2,448 del Código Civil, que permitía extenderlos por un periodo similar. Las organizaciones consideran que esta modificación puede generar incertidumbre y afectar la progresividad de los derechos. También pidieron aclarar el concepto de “mejoras sustanciales”, ya que permitiría aumentar la renta por encima de la inflación y, según Alanís, abriría un margen de discrecionalidad para evadir el tope.
- Punto clave / Qué ocurrió: Las organizaciones reconocieron avances en la ley de rentas justas, pero cuestionaron su aplicación y capacidad de sanción.
- Impacto o alcance: La iniciativa busca regular los alquileres y proteger a personas afectadas por aumentos, desalojos y expulsión de sus comunidades.
- Qué sigue: Se realizará un parlamento abierto en distintas colonias de la capital para discutir la redacción final, con participación de organizaciones, cámaras empresariales y grupos parlamentarios.
El oficialismo buscará avanzar en las próximas semanas con la discusión de la iniciativa. Comuna Hogar y el Frente Anti Gentrificación anticiparon que participarán en el parlamento abierto, aunque sostienen que todavía deberán definirse los mecanismos, recursos y reglas que permitirán convertir los principios de la ley en medidas efectivas para quienes viven de alquiler.
